Alonso, en una entrevista en la cadena SER recogida por Servimedia, agregó que estas personas no pueden recibir la tarjeta sanitaria porque les otorga derechos sanitarios que se exportan a otros países y se crearía un conflicto con Europa.

En su opinión, la asistencia de los 'irregulares' está resuelta y tiene que hacerse "mediante programas asistenciales y sociales" desarrollados por las CCAA "para respetar el marco de la ley".

Sí reconoció que el decreto de exclusión fue "un cambio respecto a lo que habían hecho otros gobiernos, pero nuestra posición es sensata porque si se les da derechos sanitarios luego éstos son exportables a otros países", mientras que España hace cumplir a los países comunitarios con sus obligaciones.

Preguntado sobre si su Gobierno favorece la sanidad privada frente a la pública, Alonso abogó por "no demonizar lo privado, el sistema mixto es bueno para todos. La sanidad privada también tiene su importancia. Respetamos los negocios privados y a las aseguradoras, como no puede ser de otra manera, porque también ayuda a hacer más sostenible el sistema".

Reconoció que le preocupa la situación de inestabilidad de las plantillas sanitarias y "la precarización de los profesionales más jóvenes que trabajan en el sector", aunque no concretó como acabará con esta situación.