Cataluña. El Constitucional suspende la declaración de independencia aprobada por el Parlament

MADRID
SERVIMEDIA

El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite este miércoles por unanimidad la impugnación del Gobierno contra la resolución aprobada el lunes por el Parlamento de Cataluña así como su anexo. La admisión a trámite conlleva la suspensión inmediata de dicha resolución y del anexo, suspensión que es consecuencia de la invocación por el Gobierno de la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución.

El TC ha acordado notificar personalmente la resolución a la presidenta del Parlament, a los miembros de la Mesa y al secretario general de la Cámara, al presidente en funciones de la Generalitat y a los miembros del Consejo de Gobierno en funciones. A todos ellos les advierte de que si incumplen la suspensión podrían incurrir en un delito de desobediencia.

Los 11 miembros alto tribunal se reunieron pasadas las 16.30 horas de este miércoles, tan sólo cuatro horas después de que el recurso se presentara tras su aprobación en el Consejo de Ministros extraordinario celebrado por la mañana y el preceptivo informe del Consejo de Estado.

La decisión le será comunicada a la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, como máxima responsable de garantizar el cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional.

El recurso presentado hoy por la abogada del Estado Marta Silva solicitaba que se advierta al Gobierno autonómico en funciones, al que pueda ser nombrado si hay investidura y a los miembros de la Mesa de la Cámara que pueden ser suspendidos y perseguidos por un delito de desobediencia si se resisten a aceptar la suspensión de la declaración independentista.

El alto tribunal les informará de que a partir de su resolución queda prohibido "promover iniciativa legislativa o dictar norma de rango reglamentario o realizar cualquier otra actuación" encaminada a hacer ejecutar la declaración.

El Ejecutivo ya ha advertido que hará uso de la reciente reforma del TC e instará a los jueces a suspender en funciones a las autoridades que le desobedezcan. Sería contra la presidenta del Parlamento contra la que la Fiscalía actuaría en primer lugar por un presunto delito de desobediencia como hizo con Artur Mas por la consulta del 9-N.

(SERVIMEDIA)
11 Nov 2015
SGR/gja