"El Gobierno ha tenido en cuenta las situaciones de especial dificultad que pueden vivir algunos ciudadanos por la crisis y por eso ha decidido reforzar el Plan de Acción para la Inclusión Social y ofrecer nuevas herramientas que contribuyan a mitigar los efectos de la crisis en las personas más desfavorecidas y los colectivos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. El Gobierno sigue apostando por las políticas sociales ", explicó la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Jiménez aseguró que estos programas de los ayuntamientos, que se centrarán en el apoyo a la inserción sociolaboral de colectivos de bajo nivel de empleo, estancias en albergues, viviendas tuteladas o centros de acogida para los más desfavorecidos, así como planes de ayuda a domicilio para colectivos en riesgo de exclusión social, "podrían dar cobertura a más de un millón de personas".

Asimismo, el Ejecutivo anunció la creación de un fondo extraordinario de 30 millones de euros para el fortalecimiento de las políticas de inclusión social a través de las ONG y se incrementará en 14 millones la parte del IRPF destinada a los programas de inclusión social. "Este año la recaudación del IRPF estará en torno a los 205 millones de euros, la cifra más alta que se ha repartido en la historia de este programa", subrayó Jimenez.

Además, las ONG podrán solicitar el acceso a las líneas de crédito ICO existentes para completar los programas del Fondo Social Europeo.

TERCER SECTOR

El Ejecutivo también ha anunciado que presentará en los próximos seis meses el anteproyecto de Ley de Economía Social, que regulará las entidades del Tercer Sector (centros especiales de empleo, empresas de inserción, cooperativas, fundaciones y asociaciones), "una fuente de riqueza extraordinaria porque representa un 10% del empleo nacional y un 5% del PIB", agregó Jiménez.

Así, el Gobierno adoptará medidas para reforzar las funciones de estas entidades como la introducción de criterios sociales en la contratación pública para dar preferencia en los procesos de licitación a las empresas que tengan en sus plantillas más de un 2% de trabajadores con discapacidad e incentivará la contratación de personas en riesgo de exclusión por parte de las empresas de inserción.

Otra de las nuevas medidas aprobadas este viernes por el Gobierno es dar luz verde en un plazo máximo de dos meses a un plan específico para el desarrollo de la población gitana en el periodo 2010-2012, que promoverá la participación social de este colectivo, así como el ejercicio de sus derechos y el acceso a bienes y servicios.