Por esa razón, el Supremo establece que España debe “continuar conociendo” de los hechos objeto de la investigación en el sumario abierto en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que mantiene imputados a varios agentes de la DINA (policía secreta del dictador chileno Augusto Pinochet) por este caso.

La reforma de la justicia universal que entró en vigor en España en 2014 excluye declarar la competencia española en una investigación de este tipo si hubiese en marcha un procedimiento en el país donde ocurrieron los hechos, como es el caso en relación al asesinato de Carmelo Soria.

Sin embargo, añade como excepción que sí habrá competencia española cuando la Sala Segunda del Supremo valore que el país que ejerza su jurisdicción, en este caso Chile, “no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo”.