“Nunca se acaba con aquello que el poder dominante necesita para mantenerse en el poder”, afirma Pérez del Campo en un artículo en el que considera que la marcha de este sábado “contra el terrorismo machista” es “una cuestión de Estado”.

Porque, sostiene en el texto, pese a ese interés por mantener la violencia machista, ese maltrato “no es inevitable, puede y debe erradicarse, sin olvidar que su mantenimiento es esencial, para un poder que se asienta en la discriminación sexista, en la racista y en la posesión de la riqueza limitada al reducto de aquellos que quieren y pueden ejercer un poder arbitrario”.

La hipótesis de trabajo que maneja la presidenta de Mujeres Separadas y Divorciadas en este artículo se basa “en que la razón última (de la violencia machista) reside en la subsistencia de los prejuicios culturales que se mantienen incrustados en las creencias de quien juzga”.

“La pregunta salta incontenida”, prosigue, “se acusa a las víctimas de no denunciar, y cuando armándose de valor lo realizan se cuestiona su credibilidad, se desoye su petición de protección y se llega al extremo de someter a la víctima a la incompetente valoración policial, acerca de si corre o no riesgo, un riesgo, que ella conoce mejor que nadie”.

Para cimentar este argumento, la conocida activista analiza las cifras de víctimas mortales por violencia de género de 2014, cuando murieron asesinadas por sus parejas o exparejas un total de 56 mujeres, de las que 15 habían denunciado su situación.

De estas quince, recuerda, a 14 se les dijo que el riesgo considerado en la valoración policial era “no apreciado” o “bajo”, pese a que fallecieron todas ellas.

Por todo esto, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas se muestra convencida de que marchas como la de este sábado son necesarias y que deben contar con el máximo respaldo social posible.