Así lo avanzó la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que estuvo acompañada por los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso.

“En el minuto en el que se acabe esa votación, si esa votación supone aprobarla (la resolución), el Gobierno va a poner en marcha con urgencia toda la maquinaria para que se suspenda y sea declarada inconstitucional”, avanzó.

Sáenz de Santamaría aseguró que el Ejecutivo iniciará “inmediatamente” los trámites para recurrir el recurso soberanista y explicó que el primer paso será pedir un informe al Consejo de Estado y que “en cuanto se tenga ese informe" se convocará "de manera urgente” un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el recurso.

“En esa misma semana se enviará al Tribunal Constitucional como ya hemos hecho con la declaración de soberanía que fue inmediatamente impugnada”, recordó para señalar que el Gobierno tuvo “una resolución favorable” del alto tribunal.

"COMO SI NO HUBIERA EXISTIDO"

La vicepresidenta del Ejecutivo trasladó a Junts pel Sí y la CUP que “cada actuación tendrá respuesta del Estado prudente y proporcional, pero firme y determinada” para incidir en que irán “a los tribunales” con la “petición de suspensión” de la resolución independentista.

La vicepresidenta del Gobierno trasladó a los ciudadanos “a nadie le quepa ninguna duda de que no producirá ningún efecto”. “Dicen que el papel lo aguanta todo, pero la Constitución, las leyes y este Gobierno no lo va a permitir”, remarcó.

“Una vez que esa declaración se anula es como si no hubiera existido”, afirmó para volver a poner como ejemplo “la famosa declaración de soberanía” que recurrió el Gobierno. “Es como si no hubiera dictado y no puede desplegar efectos”, incidió.

RESPONSABLES

A partir de ahí, Sáenz de Santamaría trasladó a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, que “sin ningún género de dudas” ella será la primera responsable de las decisiones que puedan adoptarse en la Cámara catalana.

“Es la presidenta, ¿se imaginan si lo hubiera hecho el presidente del Congreso de los Diputados o del Senado”, planteó la portavoz del Ejecutivo para criticar que Forcadell “ha dejado de amparar” los derechos de la mitad de los diputados del Parlamento catalán.

Sáenz de Santamaría, que subrayó que el Gobierno “respeta las decisiones de los tribunales” después de que ayer el Constitucional decidiera no suspender el pleno en el que se votará la resolución independentista, admitió que el TC advirtió de que en ese pleno existe “la obligación de velar por el respeto de la Constitución”.

"EL GOBIERNO, ARROPADO"

A este respeto, Sáenz de Santamaría puso el acento en que si el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno y se acuerda la suspensión, “a partir de ese momento”, ni la Generalitat de Cataluña ni ningún otra institución puede realizar una “actuación contraria”.

“No hay manera de blindarse del cumplimiento de la ley”, apuntó la vicepresidenta del Gobierno para mostrar el “respeto” del Gobierno “a la ley”. “España es un Estado de Derecho y una democracia consolidada”, afirmó para subrayar que “mientras este Gobierno lo sea” se pondrá de manifiesto que “los mecanismos funcionan” y “este Gobierno está dispuesto a usarlos”.

Además, la ‘número dos’ del Ejecutivo puso en valor que “el Gobierno se siente arropado por fuerzas políticas e instituciones sociales para apoyar la estrategia de cumplimiento de la ley” tras la ronda de contactos del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, con los principales líderes políticos nacionales y los agentes sociales.

Sáenz de Santamaría también se felicitó de que Ciudadanos, PSC y PP se pusieran de acuerdo para recurrir al Constitucional la celebración del pleno y, preguntada por la petición de Ciudadanos de ausentarse del pleno, emplazó a que sean los partidos los que decidan la “estrategia”.