La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta iniciativa trata de incentivar a las empresas que han demostrado “su compromiso en la lucha contra el cambio climático” mediante su inscripción en el Registro de la huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.

Este registro, puesto en marcha en 2015 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, es voluntario y cuenta ya con el respaldo de más de 200 organizaciones, que han inscrito un total de 280 ‘huellas’. Todas ellas han dado el paso de calcular y de establecer un plan de mejora de su huella de carbono.

El PIMA Empresa promueve que las medidas recogidas en los planes presentados en el registro se ejecuten y se consigan las reducciones de emisiones planteadas en las ‘huellas’.

Las actuaciones que podrán adherirse al PIMA Empresa deberán realizarse desde la publicación de éste en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el 31 diciembre 2016. Hay unas limitaciones por empresa de 150.000 euros o de un 15% de la inversión realizada para reducir emisiones, si bien esta iniciativa puede ser compatible con otras ayudas de impulso a la eficiencia energética.

La ventaja del nuevo plan radica en que la empresa podrá presentar varias actuaciones en diferentes áreas y que el incentivo lo recibe una vez ejecutadas y verificadas las inversiones elegibles.

Asimismo, el PIMA Empresa conlleva otros beneficios, puesto que se prevé la creación de cerca de 500 empleos, además de incentivar el aumento de la competitividad empresarial para que sean más eficientes y sostenibles.

Desde el inicio de la legislatura, los distintos Planes de Impulso al Medio Ambiente han contado con una dotación de 87,3 millones de euros en diferentes áreas y han contribuido a la reducción de gases de efecto invernadero.