El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid y que hasta ahora se había hecho cargo del caso por encontrarse este fin de semana de guardia, remitirá en los próximos días la causa al Tribunal Supremo, según confirmaron fuentes jurídicas a Servimedia.

El juez, atendiendo a la condición de aforado que ostenta Uriarte en su calidad de diputado nacional, está obligado a inhibirse a favor del Tribunal Supremo, el único órgano jurídico que puede encausar, imputar y procesar a los miembros del Congreso de los Diputados según se estipula en la Constitución y en las distintas leyes.

Las fuentes consultadas señalaron que la Fiscalía presentará mañana por la mañana un escrito ante el juez López Jiménez en el que solicitará razonadamente que el caso sea derivado al Tribunal Supremo. El Ministerio Público entiende que, legalmente, Uriarte no puede renunciar a su aforamiento para ser encausado por un juzgado ordinario, tal y como solicitó.

El juez de Madrid deberá esperar a que el Congreso de los Diputados responda a su solicitud y certifique que Uriarte es Diputado para redactar el auto de inhibición a favor del Tribunal Supremo.

EL COCHE DE UN AMIGO

El accidente de Uriarte, que dimitió este miércoles como vocal de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, tuvo lugar sobre las 07.00 horas del pasado viernes.

A su paso por la calle Serrano, el vehículo de Uriarte colisionó en un semáforo con otro coche, al que causó una rozadura en el paragolpes y al que abrió el maletero a causa del impacto. El diputado iba conduciendo el coche de un amigo que iba más ebrio que él.

Según la última reforma de la ley de tráfico, aprobada el pasado mes de octubre por el Congreso de los Diputados, la conducta de Uriarte (conducir con una tasa de 0,52 miligramos de alcohol por litro de aire espirado) está tipificada como "infracción muy grave" y lleva aparejada la pérdida de seis puntos del carné de conducir, además de una multa de entre 301 y 600 euros.

La reforma del Cógido Penal aprobada en 2007 considera delito contra la seguridad vial la conducción con una tasa superior a 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Aún así, también se considera como delito conducir con una tasa inferior a 0,60 si el autor "condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas", lo que conlleva una pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

Para poder imputar a Uriarte, lo primero que deberá hacer el Tribunal Supremo será cursar un suplicatorio para que el Congreso le dé permiso para proceder contra el diputado popular.