El juez De la Mata tomará declaración a ocho imputados en la `operación Madeja´
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El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración a ocho imputados en la `Operación Madeja´ entre los días 11 y 12 de noviembre. El magistrado pide sus primeras diligencias a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social después de asumir la competencia en esta investigación en un auto dictado el pasado 8 de septiembre.
Los citados son empresarios y un funcionario implicados presuntamente en el caso remitido por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que estuvo dirigido durante la instrucción por la juez Mercedes Alaya, en el que hay 96 imputados por el presunto cobro de 4,3 millones de euros en comisiones ilegales, para lo que cometieron más de una decena delitos.
Se trata de Javier Isidoro Gómez Garcimartín, funcionario del Ayuntamiento de Sevilla vinculado directamente con los contratos sobre los que hay sospechas de adjudicación irregular, en concreto sobre un macrocontrato de conservación de zonas verdes de Sevilla. Al parecer tenía una estrecha relación personal con el administrador de la adjudicataria, Fitonovo SL.
José Javier Ulises Pérez González era ingeniero del Cabildo de Las Palmas y también facilitó adjudicaciones a Fitonovo. También declararán José María Maya Cáceres, jefe de carreteras del Gobierno de Canarias, que pudo haber recibido más de 57.000 euros en sobornos de la `caja B´ de Fitonovo; Rubens Coba Falcón, gerente en Canarias de la empresa API Movilidad, adjudicataria de contratos de obra pública de mantenimiento de carreteras, y Gustavo Jiménez, gerente de Elsamex, de la que Fitonovo era subcontratista.
Asimismo, acudirán a la Audiencia Francisco Javier Amieva Rodríguez, administrador de Klevin SA, empresa dedicada al control de plagas urbanas; Juan Francisco Naranjo Naranjo, apoderado de la compañía Agrícolas Naranjo, que supuestamente facilitó facturas falsa a Fitonovo, y Fernando Rodríguez Blanco, administrador de Reyes y Donlas SL, que también era presunto proveedor de facturas falsas.
AGENCIA TRIBUTARIA Y SEGURIDAD SOCIAL
El juez pide a la Agencia Tibutaria que designe a dos funcionarios de auxilio judicial con acceso a las actuaciones a las bases de datos de Hacienda para que elaboren un informe sobre las consecuencias tributarias de los hechos cometidos a través de Fitonovo, que se investigan por uso de facturas falsas, doble contabilidad para encubrir comisiones y cualquier otros asunto que hubiera podido incidir en fraude en el pago de IVA entre 2000 y 2013.
Además, pide a la Tesorería de la Seguridad Social que designe también dos funcionarios que informen sobre las consecuencias de los hechos investigados consistentes en pagos no declarados a sus trabajadores en el marco de la doble contabilidad que servía para encubrir el pago de comisiones entre ese mismo período de tiempo.
De la Mata también ha librado un mandamiento al Ayuntamiento de Sevilla para que remita al juzgado el número de contratos adjudicados a Fitonovo/Fiverde y el importe total de los mismos. Pide también los porcentajes que representaban las adjudicaciones a estas empresas sobre el volumen total del presupuesto.
Finalmente, libra otro mandamiento al Parque Periurbano de la Corchuela, situado en el municipio sevillano de Dos Hermanas, para que aporte la documentación acreditativa del objeto e importe del contrato de conservación.
El titular del Juzgado número cinco ratificó en septiembre todas las actuaciones practicadas hasta el momento. La jueza sevillana remitió el caso a la Audiencia Nacional el pasado mes de junio, al comprobar que estaban implicadas varias administraciones de distintas provincias y que el asunto podía tener repercusiones en la economía nacional.
ECONOMÍA NACIONAL
En un auto de 108 folios, el juez José de la Mata considera que en este caso concurre grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional, así como un perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia.
Además, entiende que se trata de una "compleja instrucción" derivada del elevado número de personas físicas y jurídicas involucradas, lo que determina, de acuerdo con la Fiscalía, la competencia de los juzgados centrales de instrucción.
La resolución explica que los hechos que se investigan implican "la presunta existencia en la empresa Fitonovo SL de una actividad planificada dirigida a adjudicarse por medios fraudulentos contratos públicos". Esta empresa estaba dedicada a ofrecer servicios medioambientales.
Relata que "la dirección de Fitonovo SL creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos".
(SERVIMEDIA)
04 Nov 2015
SGR/caa