Así lo indicó Herzog en rueda de prensa en La Moncloa tras reunirse con el jefe del Ejecutivo en la ronda de contactos que Rajoy está manteniendo con los distintos líderes políticos para abordar el problema catalán.

Herzog coincidió con Rajoy en la necesidad de “actuar” contra el independentismo aplicando “todas las vías legales a nuestra disposición previstas en el ordenamiento jurídico”, como el impulso de la vía penal por un posible delito de conspiración para cometer sedición, contemplado en el artículo 548 del Código Penal, y la “activación” del procedimiento contemplado en el artículo 155 de la Constitución para “desmontar de forma inmediata” las estructuras de Estado ya existentes en Cataluña.

Estas estructuras de las que habló Herzog son el Consejo Asesor para la Transición Nacional, las “embajadas” catalanes en el exterior y la estructura “embrionaria” de una Hacienda propia o de la Agencia Catalana de la Seguridad Social.

GOLPE DE ESTADO

Respecto a la vía penal iniciada por UPyD, Herzog explicó que pidió “expresamente” a Rajoy el apoyo de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía para impulsar esta vía y que el procedimiento penal pueda avanzar.

El líder de UPyD expresó su apoyo al presidente del Gobierno y a la unión de todos los demócratas y trasladó un mensaje de “lealtad constitucional”. No obstante, el apoyo de UPyD, advirtió, “es para actuar y hacer cosas”. “La pasividad no es una opción; lo que necesitan los catalanes y los españoles es que los demócratas actuemos frente al golpe de Estado que se está gestando en Cataluña”, indicó.

Manifestó que este tipo de encuentros con Rajoy han de servir para trabajar y “para ayudar a los españoles y a los catalanes”, e insistió en que los demócratas han de tomar la “iniciativa” frente al desafío secesionista y que son necesarios “hechos”, no retórica.

La solución para Cataluña, agregó, es la democracia, ya que mientras no exista la igualdad entre los españoles, “estaremos contemplando la huida hacia delante del secesionismo”.

CARTA PARA RAJOY

El escrito que Herzog entregó a Rajoy, y que éste se comprometió a "estudiar", sostiene que el "ataque" contra la unidad de España lanzado desde las instituciones políticas de Cataluña es una "agresión" a la propia democracia y que esta situación ha sido preparada durante años por "constantes desafíos y conculcaciones de la Constitución y de la legalidad".

"En Cataluña, el incumplimiento de leyes y sentencias de los tribunales se ha convertido en algo usual, quebrantando la igualdad ante la ley que fundamenta al Estado de Derecho. Miembros muy notables de la clase política y empresarial han aprovechado esta situación para desarrollar tramas de corrupción en su propio beneficio, identificando la libertad nacional de Cataluña que exigen con la impunidad de sus delitos", recoge el escrito.

El texto pide la unidad de los demócratas con el objetivo de actuar con urgencia para adoptar las medidas necesarias con el fin de impedir que el Estado siga financiando la secesión en Cataluña, a la que la Generalitat, indica, ha destinado cientos de millones de euros.

"En este sentido, se garantizará que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y otras transferencias de fondos ordinarias a Cataluña se concedan de forma finalista, destinadas a garantizar los servicios públicos esenciales y no a financiar la independencia, exigiendo a la Generalitat lealtad constitucional y el respeto a la democracia", explica UPyD.

También defiende la implantación de sistemas comunes de educación y de sanidad, que deben ser competencia del Estado, con gestión descentralizada de los servicios, para impedir el adoctrinamiento ideológico en la enseñanza y asegurar servicios de salud de calidad sin discriminación por el lugar de residencia.

Asimismo, exige una justicia independiente, dirigida por jueces y no por políticos, dotada de medios humanos y técnicos suficientes, a fin de combatir de forma efectiva la corrupción política, y una reforma electoral para mejorar la proporcionalidad parlamentaria evitando el exceso injustificado de votos sin representación y los desequilibrios territoriales.

Por último, solicita leyes y medidas efectivas que garanticen el derecho a elegir la lengua vehicular en las comunidades bilingües y un sistema único de financiación de las comunidades autónomas basado en la responsabilidad fiscal autonómica y el equilibrio territorial.