El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, explicó que la Gerencia de Servicios Sociales, gastará en 2015, más de 938 millones de euros, lo que supondrá un crecimiento del 40% en relación a los 670,5 millones de euros presupuestados en 2008.

A esta cantidad se sumarán las aportaciones de las diputaciones y de los municipios de más de 20.000 habitantes, con competencias en la materia, hasta un total global por encima de los 1.131 millones de euros.

Antón destacó que el texto normativo supone un “salto importantísimo”, porque las prestaciones esenciales se convierten en “derechos subjetivos” de los ciudadanos, lo que obliga a la Administración regional a poner los recursos necesarios para garantizarlos a todas las personas, que aportarán al sistema en función de sus posibilidades económicas, sin que nadie se quede sin asistencia por falta de recursos.

El proyecto de Ley reconoce una nueva generación de derechos sociales entre los que figuran el derecho a la información, orientación y asesoramiento; el derecho de valoración, planificación de caso y seguimiento; ayudas para necesidades básicas de subsistencia urgentes; medidas específicas para la protección de menores en situación de riesgo o desamparo; y atención temprana a niños y niñas con discapacidad o riesgo de padecerla.

La atención comprenderá como mínimo la prevención, detección precoz, diagnóstico y atención de casos, teleasistencia, ayuda a domicilio, atención en centros de día y de noche, atención residencial, prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.

Además, reconoce la prestación económica de asistencia personal, servicios de prevención de las situaciones de dependencia y de promoción de la autonomía personal, y prestación económica vinculada cuando no sea posible el acceso a un servicio público concertado.