En dicho documento, al que ha tenido acceso Servimedia y que mañana aprobarán los líderes territoriales del PSOE en el Consejo de Política Federal, se incluye el principio de “lealtad federal entre el Estado y las comunidades autónomas” y que “el Estado debe garantizar la “igualdad” entre españoles.

En este texto el PSOE se compromete a, en caso de vencer en los comicios del próximo 20 de diciembre, convocar “tras las elecciones y con carácter inmediato a las restantes fuerzas parlamentarias con el propósito de acordar el procedimiento para emprender la reforma de la Constitución y concitar, en torno a él, el mayor apoyo y la mayor participación ciudadana”.

La reforma socialista parte de que “la España de 2015 no es ya, en definitiva, la de 1978” y que por tanto el Estado “ahora necesita remodelarse para un nuevo largo periodo de convivencia con el objetivo fundamental de garantizar el progreso, la paz social, la estabilidad política y la solidaridad territorial entre las generaciones vivas, un legado político que debemos dejar a las futuras”.

El PSOE considera que hay que reformar la Carta Magna por “cuatro razones fundamentales: “extender y garantizar con suficiencia los derechos fundamentales, singularmente los derechos sociales básicos”; por la “mejora de la calidad democrática”; porque la Constitución “dejó prácticamente en blanco el modelo territorial” y “para mejorar la convivencia entre españoles y fortalecer nuestra unión ciudadana; y por la “vocación europeísta”.

En el documento, de 10 páginas, el PSOE afirma que se debe “afrontar la reforma constitucional sin miedo, con ilusión y con esperanza. Y también, y sobre todo, con voluntad de diálogo y acuerdo”. Y sostiene que “no” pretenden “abrir un proceso constituyente sino mantener los principios e instituciones esenciales de la misma, fortalecer los derechos reconocidos a los ciudadanos y adecuar su texto a las transformaciones experimentadas por nuestra sociedad”.

La reforma, por tanto, se articula en torno a cinco ejes, siendo el primero el de establecer “una sociedad y un Estado con más justicia social” y por ello “incorporar a la Constitución mecanismos que garanticen el Estado del bienestar fortaleciendo los derechos sociales”.

En este sentido, el documento recoge “reformar el artículo 135” para incorporar las condiciones de salvaguarda de la ‘Estabilidad Social’ del Estado que figura en su actual texto con el fin de que, “con criterios de sostenibilidad, aseguren en la distribución del gasto público un nivel adecuado y suficiente de financiación de los servicios y prestaciones sociales”.

También “reconocer como derechos fundamentales los derechos a la protección de la salud y a la protección por la Seguridad Social ante situaciones de necesidad previstas en la ley, incluyendo el reconocimiento del derecho a una renta o ingreso mínimo vital ante situaciones de carencia efectiva para el mantenimiento de una vida digna”.

DERECHOS Y LIBERTADES

En el segundo eje apuesta por “fortalecer y ampliar los derechos y libertades”, lo que conllevaría incluir “nuevas causas de prohibición de la discriminación”, así como incorporar una “regulación expresa y específica de la igualdad entre mujeres y hombres”.

En esta línea, también aboga por “eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona (lo único que afectaría a la Jefatura del Estado) o “actualizar y consolidar el principio de laicidad, incluyendo el sometimiento de los representantes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones” o “abolir la pena de muerte, incluso para tiempos de guerra”.

Asimismo, en este campo apuesta por “configurar un derecho autónomo a la protección de datos de carácter personal, incluyendo el llamado ‘derecho al olvido’; actualizar la configuración constitucional del matrimonio contemplando expresamente el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo; y mejorar la atención de los poderes públicos a las personas con discapacidad, suprimiendo la referencia a “disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales”.

MEJORA DEMOCRÁTICA

El tercer eje de la reforma abarca las medidas para “mejorar la calidad democrática y de las instituciones”, como “establecer la exigencia de participación de los afiliados a los partidos políticos en la elección de sus dirigentes y de sus candidatos a las elecciones” e “incluir el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres en las candidaturas electorales”.

También, apuesta por “introducir la obligación de que, tras el acto de convalidación de un decreto-ley, éste sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia si así lo solicitara una minoría cualificada.” Y “suprimir la inmunidad parlamentaria” o “atribuir en exclusiva a las Cámaras la designación de magistrados del Tribunal Constitucional”.

ESTADO FEDERAL

El cuarto eje es el que tiene que ver con “un nuevo pacto territorial para una sociedad plural: Reformar la estructura territorial del Estado con los principios y técnicas del federalismo”.

El PSOE sostiene que “los rasgos del Estado autonómico, su evolución debe adoptar las normas de organización y funcionamiento de Estados con estructura federal.” “El federalismo”, explica el documento, “es un sistema que defiende la unidad del Estado, respetando la diversidad, a partir de una distribución interna de poderes y responsabilidades que combina los intereses generales del Estado y, simultáneamente, las aspiraciones e intereses específicos, en nuestro caso, de las comunidades autónomas”.

Por ello, lo consideran “un sistema que permite reconocer, respetar e integrar la diversidad y las singularidades de los territorios de España, la cohesión social y la igualdad, y ofrecer las respuestas más adecuadas a los problemas de nuestras comunidades en un Estado integrador y eficiente” y “asume la importancia de los sentimientos y de las identidades, que son diversas y compatibles y no tienen por qué ser excluyentes".

En este punto, recuerdan la Declaración de Granada de 2013 que suscribieron todos los líderes territoriales de entonces del PSOE, muchos de los cuales siguen ahora incluso con responsabilidades presidenciales en sus respectivas comunidades autónomas.

Además de ello, el PSOE propone reformar el Senado, mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España, Incluir en la Constitución a las comunidades autónomas por su nombre, incorporar la referencia a la autonomía de las Ciudades de Ceuta y Melilla, e “incluir el principio de lealtad federal entre el Estado y las comunidades autónomas”.

También apuesta por “reconocer las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas: lengua propia; cultura; foralidad; derechos históricos; insularidad; organización territorial o peculiaridades históricas de derecho civil”, al tiempo que apuesta por “atribuir al Estado la garantía de la igualdad de todos los españoles en sus condiciones básicas de vida, en el disfrute de los servicios básicos esenciales, en el ejercicio de los derechos y libertades y en el cumplimiento de los deberes, así como la igualdad en el territorio en el que se resida”.

EUROPEÍSMO

Por último, el quinto eje recoge “la doble vocación europea e iberoamericana de España” y apuestan por “adecuar y reforzar nuestra articulación con la Unión Europea y colocar a España a la vanguardia de una Europa social”, así como “reforzar nuestros lazos con los países hermanos de Iberoamérica”.

En este sentido, entre otros aspectos, abogan por “reconocer el carácter vinculante del derecho europeo y su primacía respecto del derecho interno en armonía con los principios, valores y derechos constitucionalmente establecidos”.