Dicho proyecto plantea la asignación de una dotación económica que facilite la atención social a este colectivo en materia de comunicación mediante intérpretes de lengua de signos española y mediadores en comunicación, tal y como establece en su desarrollo la Ley 11/2011 que regula el uso de la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral en Andalucía.

Una medida que el presidente de la FAAS, Alfredo Gómez, ha calificado como “muy positiva” y “necesaria para garantizar la estabilidad anual de las necesidades de las personas sordas andaluzas en este ámbito”.

Alfredo Gómez ha querido recordar que la Ley 11/2011 “fue promovida por los propios poderes públicos andaluces para dar respuesta a las demandas del movimiento asociativo andaluz que representa a las personas sordas o con discapacidad auditiva en esta comunidad autónoma”.

En este sentido, el presidente de la FAAS ha destacado el apoyo permanente que reciben de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, así como su reconocimiento social a las personas sordas, y ha asegurado que “continuarán trabajando conjuntamente en la propuesta de un borrador del futuro reglamento de la ley que protegerá los derechos de los ciudadanos sordos andaluces y contribuirá a la adopción de medidas para la normalización de la lengua de signos española y la accesibilidad a la comunicación”.