En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de este martes, Munté dijo intuir que la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, iba a estar relacionada con esta declaración presentada hoy por ambos grupos parlamentarios, que suman mayoría absoluta en la Cámara, como así ha ocurrido finalmente.

Munté indicó que los parlamentos tienen “obligación de canalizar los mandatos democráticos” y que eso es lo que esperan hacer Junts pel Sí y la CUP; iniciar la tramitación de una propuesta de resolución “para que sea debatida por el el resto de grupos”.

A preguntas de los periodistas, eludió pronunciarse sobre si el Gobierno en funciones desobedecería una hipotética suspensión cautelar de esta propuesta de resolución por parte del Tribunal Constitucional, y subrayó el carácter “político” de la misma, quitándole tácitamente así un efecto jurídico, por lo menos de momento.

La vicepresidenta criticó también el “espectáculo” y la “desproporción” de los registros en los domicilios de la familia Pujol y la sospechosa coincidencia con fechas simbólicas como la del anuncio de la declaración de inicio del proceso independentista. Pidió respeto a la presunción de inocencia y reafirmó el compromiso del Gobierno catalán en la lucha contra la corrupción.

Munté anunció también que el Consejo Ejecutivo aprobó también sendos recursos al Consejo de Garantías Estatutarias para estudiar la posible impugnación ante el Tribunal Constitucional de la reforma de la ley de este órgano y de la Ley de Seguridad Ciudadana.