Esta asociación también aboga porque la voluntad de conseguir la “mejor ley posible” se mantenga en el desarrollo reglamentario de la norma y felicita "al Ministerio de Igualdad por haber sido promotor" del consenso político y social que ha permitido aprobar la norma. "Un acuerdo que reconoce por primera vez a las mujeres su derecho a decidir sin tutelas sobre su maternidad".

Asimismo, pide al Gobierno que desde los instrumentos de consenso, como el Consejo Interterritorial de Salud, se fomenten protocolos de actuación sanitaria comunes que garanticen la calidad, la gratuidad y la equidad en el acceso a la interrupción del embarazo en todo el territorio y para todas las mujeres, ya que "de otro modo se estaría vulnerando el espíritu de esta ley".

También llaman la atención sobre la inexistencia de unidades públicas especializadas en aborto provocado y piden que la asunción de esta prestación por parte del SNS no obvie el carácter diferencial del aborto provocado.

"En consecuencia, pedimos al Ejecutivo y a los Gobiernos Autonómicos que consideren estas circunstancias para no mermar la calidad de la prestación en términos sanitarios, médicos y humanos; que no se perjudique en definitiva a la mujer que accede al aborto provocado. Pedimos además que se ponga un énfasis especial en mantener el protocolo de acompañamiento psicológico, personal y humano que los centros tienen establecidos".

Por último, "ACAI quiere mostrar su solidaridad con el senador, Roberto Lertxundi, quien ha tenido que ejercer su deber y derecho democrático como cargo público legítimamente elegido, bajo la presión de aquellos/as que priorizan la imposición de su moral frente a los valores legal y democráticamente defendidos".