Los letrados aseguran que la suspensión de Garzón es ahora obligada después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidiera este lunes seguir adelante con la investigación al juez de la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades cometidas en relación con los cursos que impartió en Nueva York y que fueron patrocinados por el Banco Santander .

Panea y Mazón presentaron un escrito esta mañana ante el CGPJ en el que argumentan que, “al haber ganado firmeza la admisión a trámite de la querella” interpuesta contra Garzón, procede su “inmediata suspensión” de la carrera judicial.

El escrito señala que los delitos de los que se acusa a Garzón –cohecho y prevaricación- “son relativos al ejercicio de sus funciones, por lo que, “a tenor de la legislación, es claro que procede que se le suspenda ipso facto”.

Por último, los abogados advierten a los vocales del CGPJ que, de no proceder en consecuencia y suspender a Garzón, estarán incumpliendo “la legalidad”.

“QUERIDO EMILIO”

La querella interpuesta por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón ante el Tribunal Supremo acusa a Garzón de haber cometido delitos de cohecho y prevaricación por no abstenerse en una causa contra el Banco Santander a pesar de haber recibido un patrocinio de esta entidad bancaria para los cursos que impartió en la Universidad de Nueva York.

La querella aportaba como una de las pruebas más relevantes las cartas en las que Garzón pidió y, posteriormente, agradeció al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, la financiación de los cursos de Nueva York. Unas misivas en las que el magistrado utilizaba términos como "querido Emilio" o "te mando un gran abrazo".

Los abogados Panea y Mazón destacan que, unos meses antes, el Banco Santander otorgó a los cursos que el juez impartió entre marzo de 2005 y junio de 2006 en el Centro Rey Juan Carlos, adscrito a la Universidad de Nueva York, un patrocinio de 302.000 dólares.

Tan sólo unos meses después de regresar de Estados Unidos, su juzgado se hizo cargo de la denuncia presentada contra varios directivos del Banco Santander, entre ellos Botín, a los que se acusaba de la apropiación indebida de la sociedad SCI Gestión.

El juez de la Audiencia Nacional no sólo no se apartó del caso, sino que, en un auto dictado el 27 de noviembre de 2006, decidió archivar la causa.

SEGUNDA SOLICITUD

Esta es la segunda vez que Panea y Mazón solicitan al máximo órgano de gobierno de los jueces el cese del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Los querellantes cursaron su primera solicitud el pasado 8 de febrero después de que el instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela dejase a Garzón a las puertas de ser juzgado por un delito de prevaricación presuntamente cometido durante su investigación de los crímenes del franquismo.

En aquella ocasión, los letrados ya advertían a los vocales del CGPJ de que era “una temeridad o actividad de alto riesgo permitir que el magistrado Garzón siga desempeñando sus funciones” y ejerciendo como juez.

Al día siguiente de presentar este primer escrito, el CGPJ inició los trámites para suspender cautelarmente y dejar fuera de la Audiencia Nacional a Garzón.

Los vocales de la Comisión Permanente del CGPJ decidieron dar traslado a la Fiscalía General del Estado de los autos dictados por el Supremo contra Garzón para que emitiese un informe sobre la pertinencia de suspender temporalmente al juez de la Audiencia Nacional hasta que se resuelvan las causas que se siguen contra él.