Tal y como establece la magistrada en el apartado de los ‘Fundamentos de Derecho’ de la resolución, “cabe decir, categóricamente, que no hay perjuicio económico (en la operación denunciada), ni para los socios, ni depositarios, ni cuentapartícipes o titulares de bienes, valores o capital que administren de Caja Madrid”.

La magistrada acuerda, después de “las muchas diligencias que han sido practicadas”, que éstas deben ser archivadas dado que “las actuaciones acreditan que los hechos objeto de la causa no son constitutivos” de los tipos penales que se imputaban como delito societario y administración desleal, entre otros. El auto puede ser recurrido en reforma o apelación.