Aprovechando una pregunta del diputado del PP Jorge Fernández Díaz sobre el coste para el Gobierno de dicho retraso, Blanco exhibió este documento y acusó a Álvarez Cascos de aceptar ese compromiso de forma "precipitada y electoralista".

El compromiso con la empresa concesionaria, TP Ferro (integrado por Dragados e Eiffage), fue suscrito el 17 de febrero de 2004, pocos días antes de las elecciones generales del 14 de marzo, cuando se sabía ya, según Blanco, que era imposible cumplir el plazo de 2010.

Su incumplimiento ha costado a España 128 millones de euros y este importe fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 11 de diciembre de 2009.

Según la cronología de la obra manejada por Álvarez Cascos ésta requeriría unos diez años lo que situaba su fin en 2012 o más allá.

En esa fecha de 2004, no se habían realizado ni los estudios informativos, ni las declaraciones de impacto ambiental. La inversión ejecutada era sólo de 1,6 millones, el 0,6% del total.

Otras cuestiones importantes sin resolver en ese momento eran cómo iba a cruzar la línea de alta velocidad por las ciudades de Barcelona y Girona.