En el documento figura que esta norma establecerá “mecanismos adecuados para la prevención" y perseguirá que se refuerce la persecución del delito de oficio, se evite la publicidad de contenido sexual y se pongan en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las personas que han sido explotadas.

Asimismo, apuestan por “promover un acuerdo global para perseguir, de forma coordinada y eficaz entre todos los países que se sumen al mismo, la deleznable lacra de la trata de personas con fines de explotación sexual".

Respecto a la violencia de género, abogan por “reponer y dotar suficientemente” las partidas presupuestarias, que se han venido “recortando” en los últimos años, especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de las comunidades autónomas como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos.

Por otra parte, plasman su compromiso anunciado de derogar la ley de seguridad ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, y aprobar una nueva norma que “refuerce y proteja a las personas, y asegure que el marco legislativo facilita el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica".