La Ley Orgánica del Poder Judicial entró en vigor el pasado 1 de octubre y su disposición final tercera modifica varios artículos de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, entre ellos el 108, que establece el régimen de ejecución de sentencias que declaran la ilegalidad de una construcción y ordenan su demolición cuando el responsable es la administración.

Los ecologistas señalaron que las obras urbanísticas se realizan porque una administración pública las autoriza, lo cual puede recurrirse ante los juzgados o tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, pero añadieron que “el trámite es largo y caro” y “una sentencia firme puede tardar al menos cinco años”, tiempo en el que “las obras pueden realizarse y el inmueble ponerse en uso o venderse”.

Además, indicaron que el denunciante debe afrontar el coste del procedimiento y, en el caso de perder, ser condenado a abonar los gastos a la parte contraria, a lo que se añade que si una organización ecologista o un ciudadano particular “se anima a recurrir una ilegalidad urbanística y logra una sentencia firme que lo reconozca, debe enfrentarse a la ejecución de sentencia y presentar un incidente de ejecución”.

“Se trata de un proceso tan largo o más que el recurso, agravado por el hecho de que la administración suele modificar el planeamiento urbanístico o incluso aprobar nuevas normas a medida para legalizar lo declarado ilegal”, indicaron.

Ante esto, los ecologistas subrayaron que la nueva redacción del artículo 108 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, promovida por una enmienda del PSOE en el Senado, convierte “en misión casi imposible” conseguir una demolición de un edificio con irregularidades administrativas.

“A partir de ahora no será suficiente que la sentencia declare la ilegalidad de un inmueble construido, sino que, además, tendrá que ‘ordenar motivadamente la demolición del mismo’. Hasta ahora se aplicaba la jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual la ‘demolición’ era un ‘pronunciamiento implícito’ al declarar ilegal una obra”, apuntaron.

“IMPUNIDAD”

Los ecologistas recalcaron que, antes de ordenar una demolición, el juez o el tribunal exigirán ahora como condición previa “la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe".

“Es decir, para derribar un inmueble ilegal con orden de demolición previamente será necesario asegurar la indemnización de terceros, pero si no se logran las garantías suficientes no se procederá al derribo. De esta forma, se establece la obligación de fianza para salvar un derecho privado de terceros, a cambio de sacrificar el interés y derecho de todos, pues el urbanismo es una función pública, donde si algo es ilegal es porque perjudica al interés de todos”, apostillaron.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideraron que estos trámites sólo sirven para “complicar y alargar de forma desmesurada los procesos de demolición de obras ilegales, haciendo casi imposible que se lleven a término”, lo que “fortalece la sensación de impunidad de quienes vulneran las leyes urbanísticas, al tiempo que obstaculiza la lucha contra la corrupción”.

Por ello, exigirán al PSOE y al PP, “como promotores de esta medida”, la “reforma inmediata” del artículo mencionado porque “sólo puede favorecer a administraciones cómplices y a empresas que se han lucrado con la destrucción ilegal de nuestro patrimonio natural”.