Jorquera definió el encuentro con Alonso como "agradable dentro de las diferencias", y reconoció que "el diálogo es siempre positivo", pero acto seguido puntualizó: "Objetivamente es un proceso tardío, a destiempo y en el que somos muy escépticos respecto a su resultante final", especialmente teniendo en cuenta la reciente "reorientación" de la política económica del Gobierno.

A su juicio, el que la exploración del pacto de Estado llegue dos años después de que empezó la crisis "es la demostración de que el PSOE hizo una lectura muy errónea de la situación politica" al renunciar a un pacto de legislatura que le dotase de estabilidad parlamentaria. También le reprochó que no evaluara bien la profundidad de la crisis y ahora busque una "respuesta global" contra ella.

Sobre el contenido concreto del pacto, Jorquera anunció que el BNG participará en la comisión pero advirtió que no acepta que haya un "temario acotado" cuando "las politicas económicas no son subdivisibles en parcelas". En este sentido, rechazó que la reformas de las pensiones y el mercado laboral se dejen "al margen de este proceso de diálogo porque tienen su propio ámbito".

Lamentó también que se dejen fuera las "políticas impositivas", que podrían ser "un instrumento" para la reducción del déficit que añadir al recorte del gasto. En este sentido, propugnó la lucha contra el fraude fiscal y la "distribución más justa de la carga impositiva" y se opuso, en cambio, a subir el IVA, porque "penalizar el consumo es injusto y contraproducente" para reactivar la economía y el empleo. En todo caso, habiendo unos presupuestos aprobados, aceptó posponer este debate hasta 2011.

Jorquera marcó con nitidez la "línea roja" que el BNG no está dispuesto a traspasar en las negociaciones para un pacto de Estado: "que se introduzcan recortes en los derechos de los trabajadores", que luego se plantean como "consolidados" y no se pueden recuperar en el futuro. Finalmente, el portavoz de los nacionalistas gallegos se refirió a la posible reforma del sistema financiero, estableciendo una "premisa básica": si la crisis se originó en él, "no se puede hacer una reforma a pedir de boca" del sector sin corregir las causas que dieron lugar a aquélla.

En esta línea, cree "necesario" trabajar para que el ICO sea una "banca pública directa" no intermediada por banca comercial e "imprescindible" que las cajas de ahorro estén vinculadas a la economía productiva de las distintas comunidades, tuteladas por los gobiernos autonómicos, sin "privatizarlas, bancarizarlas" ni perder su "naturaleza fundacional".