OCU denuncia a Volkswagen ante las autoridades de consumo
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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a Volkswagen ante las direcciones generales de Consumo de las distintas comunidades autónomas y la Aecosan por el “mayúsculo escándalo” en torno a la venta consciente por parte de la compañía de vehículos con motores diésel trucados que superaban las emisiones de gases nocivos.
En un comunicado, la organización señala que se trata de las primeras acciones que OCU inicia por este escándalo pero no descarta “otras acciones, en todos los ámbitos, incluyendo acciones penales, en la necesaria reacción ante los abusos reconocidos contra la confianza de los consumidores”.
En este sentido, OCU entiende que deben practicarse a instancias de las distintas direcciones generales de Consumo las investigaciones y diligencias pertinentes para medir el impacto real de las emisiones nocivas de Volkswagen y comprobaciones sobre si las soluciones propuestas por la marca puedan afectar a las prestaciones de los vehículos.
Asimismo, pide que se aplique la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y que la Administración ejerza su responsabilidad imponiendo las sanciones que se recogen en la norma.
En su denuncia, entre otros requerimientos OCU solicita que se inicie un procedimiento de inspección y sanción a Volkswagen, con la realización de las pruebas técnicas y/o de otra naturaleza que sean oportunas, para medir el daño causado a los dueños de vehículos de la marca como a los ciudadanos por la contaminación del aire.
También pide que se obligue a la compañía a ofrecer la “máxima colaboración, realizando una información pública, dada la pluralidad de interesados y afectados en el procedimiento”, y exige “transparencia” en la información sobre las actuaciones que Volkswagen va a realizar en los vehículos afectados.
SANCIÓN Y COCHE DE SUSTITUCIÓN
Asimismo, insta a que se imponga una sanción “muy grave” a Volkswagen en los términos “más severos previstos por la ley, sin perjuicio de otras sanciones o daños causados”, y que se detenga de inmediato la distribución y venta de los vehículos que han sido equipados con los dispositivos de desactivación.
“Ante la gravedad del escándalo es necesario que se impongan sanciones ejemplares que impidan que estos comportamientos lesivos contra los consumidores se repitan”, agregó.
De igual forma, considera que debe asegurarse una información “coherente y transparente” a los afectados sobre el contenido y la finalidad del análisis técnico y las modificaciones a realizarse, en su caso, y de sus consecuencias y efectos sobre el rendimiento y la seguridad de los vehículos en cuestión.
Por último, OCU considera que la compañía debería asegurar un coche de sustitución mientras se lleve a cabo cualquier trabajo de reparación.
(SERVIMEDIA)
16 Oct 2015
SMV/caa