El incremento se ha producido únicamente en la jurisdicción Civil, con un 13,1%, mientras que en todas las demás se han observado disminuciones interanuales: del 1,1% en la Penal, del 2,5% en la Contencioso-Administrativa y del 4,5% en la Social.

En España tuvieron entrada durante el primer trimestre de 2015 un total de 2.241.202 asuntos en el conjunto de los órganos judiciales. Esta cifra supone un incremento del 1,8% respecto al segundo trimestre del año anterior. En el mismo periodo, los tribunales españoles resolvieron de nuevo más asuntos que los que ingresaron, en concreto 2.284.154, y han quedado en trámite al final del trimestre 2.452.874.

La jurisdicción Civil ha tenido un importante incremento, del 13,1%, en el número de asuntos ingresados en el segundo trimestre de 2015 con 544.564 nuevos. En esta jurisdicción se resolvieron 514.612 asuntos y están en trámite 1.013.412.

En la jurisdicción Penal han entrado 1.539.889 asuntos, con una disminución del 1,1%, habiéndose resuelto 1.586.278 y quedando en trámite 903.298. En la jurisdicción Contencioso-Administrativa se han registrado 53.431 nuevos asuntos, con una disminución del 2,5%. Se resolvieron 65.385 y están en trámite 213.772.

En la jurisdicción Social han ingresado 103.253 asuntos, con una disminución del 4,5%. Se han resuelto 117.802 y han quedado tramitándose 322.322.

ANDALUCÍA Y MADRID

La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado ha sido de 48,1 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Andalucía (56), Madrid (55,3), Comunidad Valenciana (51,5), Canarias (51,2), Baleares (49,9) y Murcia (49,6). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron País Vasco (32,3) y La Rioja (35,39).

Como en años anteriores, en base a las series históricas trimestrales disponibles, el CGPJ ha realizado una previsión para el conjunto del año 2015. En este caso, la proyección deberá ser tomada con mayor cautela debido a que la reforma del Código Penal que entró en vigor el 1 de julio de 2015 previsiblemente producirá una notable disminución en la entrada de asuntos en la jurisdicción penal, con los consiguientes efectos en la resolución y la pendencia. En la proyección estos posibles efectos no se han tenido en cuenta.