De este modo, la Cámara Alta validó con 205 votos a favor, uno en contra y 11 abstenciones el proyecto de ley orgánica sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las organizaciones internacionales con sede u oficina en España y las conferencias y reuniones internacionales celebradas en España.

La ley concreta la posición frente a los tribunales españoles de terceros países, de las organizaciones internacionales con sede u oficina en España, de las conferencias y reuniones internacionales que se celebren en territorio nacional, de los jefes de Estado y de Gobierno y de los ministros de Asuntos Exteriores de otras nacionalidades.

También establece la inmunidad de los buques de guerra y los buques y aeronaves de Estado, así como de las Fuerzas Armadas pertenecientes a otros países que se encuentren en España o transiten por territorio nacional.

Durante el debate, el senador del PNV Iñaki Anasagasti censuró la “falta de consenso y debate” en la tramitación de la norma, al tiempo que acusó al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, de considerar como de “mero trámite” al Senado, a pesar de ser la “única cámara cuyos representantes se eligen por listas abiertas”.

A su vez, el senador de CiU Salvador Sedó criticó la falta de voluntad del Gobierno por buscar el consenso, al tiempo que abogó por eliminar el concepto “privilegios” del articulado de la norma.

Por su parte, el senador socialista José Carmelo Cepeda afeó, al igual que el resto de portavoces, la falta de diálogo del Gobierno en “asuntos de Estado” como el de la ley de inmunidades, ya que la “urgencia no tiene ningún sentido”.

Por último, el senador del PP Alberto Casero defendió que la rapidez y la urgencia en el procedimiento de aprobación de esta norma se debe al compromiso de Margallo de cumplir con el programa electoral del Partido Popular.