Así lo señaló el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en la comisión parlamentaria sobre el Pacto de Toledo, donde compareció para defender la propuesta del Gobierno para la reforma del Sistema de pensiones.

En su intervención, Corbacho subrayó que son los partidos los que deben decidir si debaten sobre este tema o no, pero añadió que él considera que sí se deben de discutir estos temas. No obstante, advirtió de que el Gobierno no ha dicho que se deba ampliar el periodo de cálculo, sino que considera que es un tema sobre el que "hay que ver las dos caras de la moneda".

En este sentido, aseguró que "es injusto" que una persona pierda su empleo a los 57 años y, si no encuentra un empleo, acabe cobrando la pensión mínima aunque haya cotizado toda su vida laboral. "No es justo", reiteró Corbacho, quien añadió que igual este problema no se soluciona ampliando el periodo de cálculo, sino con medidas de otro tipo. De cualquier forma, afirmó que "habrá que introducir algún elemento que corrija estas situaciones".

El ministro hizo hincapié en que el Gobierno no ha hecho ninguna propuesta para ampliar los actuales 15 años del periodo de cálculo, y aseguró que si el Pacto de Toledo conviene que este tiempo debe mantenerse, "así se hará".

"Sólo les pido que reflexionen, que hay personas que trabajan en una pequeña empresa y que pierden su puesto de trabajo con 55 años, que no están amparados por ningún convenio de la Seguridad Social y que no se le acompaña hasta los 61 años, y eso es injusto", dijo.

El Gobierno quiere "acabar" con la cultura de la prejubilación y, para ello, apuesta por "imponer" a las empresas la cofinanciación de los sobrecostes derivados de la exclusión temprana de un trabajador del mercado laboral. Corbacho advirtió de que "ningún país puede permitirse prescindir de trabajadores valiosos que acumulan experiencia y conocimiento y mantienen plenas facultades".

Por esta razón, el Ejecutivo insta a los grupos parlamentarios a acordar medidas que restrinjan el "uso abusivo de fórmulas de prejubilación y jubilación anticipada". Dentro de estas medidas, el Gobierno aboga también por limitar las posibilidades de reducción de plantilla en las empresas que registren beneficios en sus cuentas.

Asimismo, Corbacho destacó la necesidad de incrementar la edad de jubilación mínima de las actividades con coeficientes reductores más allá de los 52 años actuales.

ANÁLISIS "CON RIGOR"

El ministro defendió ante el Congreso la propuesta del Ejecutivo de retrasar la edad legal de jubilación general de los 65 años actuales a 67 años.

En su intervención, Corbacho aseguró que "sería irresponsable" no poner sobre la mesa el debate sobre el retraso de la edad de jubilación, una medida que, en su opinión, "reponde al incremento de la esperanza de vida y al retraso en la incorporación al mercado de trabajo".

No obstante, admitió que este tema es "particularmente sensible para la ciudadanía", por lo que pidió a los grupos parlamentarios que analicen la propuesta "con rigor" para lograr el mayor consenso posible.

El ministro quiso también "zanjar definitivamente" la polémica sobre la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones y recordó que el documento del Ejecutivo "no establece ningún aumento", sino que dice que debe ser un tema "objeto de reflexión y debate".

Más adelante, en su intervención, Corbacho instó a los grupos parlamentarios a que "reflexionen" sobre si es "injusto" el actual método de cálculo de las pensiones, que contabiliza los últimos 15 años de cotización.

Subrayó que son los partidos los que deben decidir si debaten sobre este tema o no, pero añadió que él considera que sí se deben de discutir estos temas. No obstante, advirtió de que el Gobierno no ha dicho que se deba ampliar el periodo de cálculo, sino que considera que es un tema sobre el que "hay que ver las dos caras de la moneda".

En este sentido, aseguró que "es injusto" que una persona pierda

su empleo a los 57 años y, si no encuentra un empleo, acabe cobrando la pensión mínima aunque haya cotizado toda su vida laboral.

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión, Tomás Burgos, acusó al Gobierno de proponer el retraso de la edad de jubilación como medida para salir de la crisis, y no para mejorar la viabilidad del Sistema a largo plazo.

Burgos afirmó que la propuesta del Ejecutivo no se debe a "un repentino ataque de responsabilidad", sino a la necesidad de reducir el gasto como medida para salir de la crisis económica.

El portavoz de CiU, Carles Campuzano, fue el único que suavizó las críticas del resto de partidos políticos a la propuesta del Gobierno de retrasar la edad de jubilación. Advirtió al resto de grupos parlamentarios de que, antes o después, "vamos a tener que hablar" sobre la edad de jubilación.

Campuzano sí criticó que el debate sobre la reforma del Sistema de pensiones está "mal planteado por parte del Gobierno", pero recordó que la "lógica" de la comisión es "la de las reformas".

Sobre las medidas concretas, Campuzano abogó por adaptar el periodo de cálculo de la pensión "a la nueva realidad del mercado de trabajo", en las que existen largas carreras de cotización y "pésimos" últimos años en activo, que lastran la cuantía de las pensiones.

El otro grupo que también apoyó al Gobierno fue, lógicamente, el PSOE, cuya portavoz, Isabel López i Chamosa, defendió que la propuesta del Gobierno para la reforma de las pensiones "contiene exactamente los temas, uno por uno, de las 14 recomendaciones del Pacto de Toledo, más las adicionales que se introdujeron en 2003".

EMPEZAR DE CERO

Los portavoces del PNV, ERC e IU-ICV coincidieron en reclamar al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que retire la propuesta de retrasar la edad legal de jubilación.

En su intervención en esta comisión, los portavoces de estos partidos instaron a Corbacho a eliminar la referencia a la edad de jubilación de su propuesta para poder "empezar de cero" la negociación.

En este sentido, el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, denunció

que la propuesta del Gobierno es "inconstitucional, políticamente inadecuada y socialmente injustificada" por lo que pidió que "la retire e iniciemos de cero la negociación de la reforma".

El más duro en sus críticas fue el portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, quien afirmó que la propuesta del Gobierno "no es para el acuerdo", ya que "produce más desacuerdos", y advirtió al ministro de que "es un grave error" ya que se trata de una propuesta "inasumible".

Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Tardà, pidió al ministro que apriete el "reset" en la propuesta para que se negocie "todas las propuestas menos ésta", es decir, el retraso de la edad de jubilación.

"Empecemos de cero", dijo Tardà, quien aseguró que si el Gobierno retirara la propuesta "enviarán un mensaje que será muy bien recibido por la ciudadanía".

Corbacho también tuvo que escuchar las críticas que le lanzaron las portavoces del grupo Mixto. Primero fue la diputada del BNG Maria Olaia Fernández Davila, quien también advirtió al ministro de que "no permitiremos" algunas de las medidas que propone el Ejecutivo, como que se reduzcan las cuantías de las pensiones para que se compensen con la previsión complementaria.

Asimismo, la diputada de UPyD Rosa Díez afirmó que "hemos empezado mal" la negociación de la reforma de pensiones, e instó al ministro a "decir con claridad lo que piensan".