En nota de prensa, el sindicato discrepa de la decisión de la Audiencia Nacional, ya que considera que las decisiones de la compañía fueron “totalmente ilícitas e incompatibles con el deber de buena fe”, y añade que “no hay disculpa ni excusa que pueda justificarlo”.

Asimismo, considera que la decisión de la empresa de suprimir la producción industrial que se venía desarrollando en el centro de trabajo de Fuenlabrada y, por lo tanto, modificar las funciones que venían desempeñando los trabajadores despedidos, aun cuando se les mantenga en su grupo profesional y en su nivel retributivo, “supone una modificación sustancial de condiciones de trabajo” y, por lo tanto, “implica que la readmisión no es regular”.