Así consta en la declaración institucional del Ejecutivo aprobada en el Consejo de Ministros con motivo del Día Mundial y del Día Europeo contra la Pena de Muerte.

En la declaración, se “reitera” la “oposición” del Gobierno de España “a la pena de muerte en todos los casos y circunstancias, con independencia de la gravedad del crimen cometido".

"Consideramos que constituye un castigo cruel, inhumano y degradante, que implica serias violaciones de derechos humanos; carece de efectos disuasorios probados en el comportamiento criminal y provoca efectos irreparables en caso de error judicial”.

Según explica la declaración, la abolición de la pena capital tiene su fundamento en el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que España es parte. Junto a ello, los Protocolos nº 6 y 13 al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en los que España también es parte, prescriben en conjunto la completa abolición de la pena de muerte en el ámbito del Consejo de Europa. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incorporada al Tratado de Lisboa, recoge igualmente la prohibición de la pena de muerte.

Por ello, afirma el texto que “la lucha contra la pena de muerte constituye una prioridad de la política exterior española en materia de derechos humanos. La abolición universal, la moratoria como fase intermedia en el camino hacia la abolición y el respeto de los estándares internacionales mínimos en materia de pena de muerte constituyen los vértices de la política de España y de la Unión Europea en esta cuestión. El Gobierno de España defiende la abolición de la pena de muerte como una causa universal, no exclusiva de ninguna región ni país del mundo, porque a todos nos corresponde la dignidad inherente a todo ser humano”.

En esta línea, destaca que España se ha distinguido en la lucha internacional “por la abolición con la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte en 2010, a la que sigue apoyando, y con la celebración en Madrid del V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, en junio de 2013. Actualmente participamos activamente en la preparación del VI Congreso Mundial de 2016. Asimismo, España forma parte de la amplia coalición de Estados que cada dos años promueven en la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución sobre la moratoria mundial de la aplicación de la pena de muerte, la última de las cuales fue aprobada en 2014”.

Por todo ello, la declaración concluye que “el Gobierno de España no cejará en sus esfuerzos en los distintos foros internacionales e intensificará sus acciones para conseguir la aplicación de una moratoria efectiva y universal de la pena de muerte, como paso previo a su total abolición".