Así lo aseguró Amnistía Internacional en vísperas del Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebrará este sábado, 10 de octubre.

Esta organización indicó que al menos 11 países (Arabia Saudí, China, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Kuwait, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam) han dictado condenas de muerte o han ejecutado a personas por delitos de drogas desde 2014, mientras que decenas de Estados mantienen la pena capital para delitos relacionados con las drogas.

AI explicó que el derecho internacional limita el uso de la pena de muerte a “los más graves delitos”, definidos en general para incluir únicamente el homicidio intencional, por lo que los delitos de drogas no entran dentro de esta categoría, y también fija como meta que los Estados avancen hacia la abolición de la pena de muerte.

Sin embargo, Amnistía lamentó que muchos Estados justifican el uso de la pena de muerte como manera de hacer frente al narcotráfico o a los problemas causados por el consumo de drogas, haciendo caso omiso de “las pruebas que demuestran que, para poner fin a las muertes relacionadas con las drogas y evitar la transmisión de enfermedades infecciosas, la respuesta que ha resultado efectiva ha sido la basada en los derechos humanos y la salud pública”, como la prevención del consumo de sustancias y el acceso a tratamiento.

“Incluso respecto a la delincuencia violenta, no hay nada que demuestre que la amenaza de la ejecución tiene un efecto más disuasorio que cualquier otra forma de castigo”, añadió.

En Indonesia, por ejemplo, el Gobierno del presidente Joko Widodo se comprometió a utilizar la pena de muerte para combatir una “emergencia nacional en materia de drogas”. Catorce personas declaradas culpables de delitos relacionados con las drogas han sido ejecutadas en lo que va de 2015, y el Ejecutivo indonesio ha declarado que denegará las peticiones de indulto presentadas por personas condenadas por cargos de drogas.

JUICIOS INJUSTOS

Por otro lado, Amnistía Internacional destacó que, en muchos de los países en los que se impone la pena capital por delitos de drogas, “la injusticia se ve agravada por el hecho de que las condenas a muerte se dictan tras juicios manifiestamente injustos”. Así, en Arabia Saudí, Indonesia e Irán, a los acusados se les niega de forma habitual el acceso a abogados o se los coacciona mediante tortura y otros malos tratos, para que realicen “confesiones” que se admiten como prueba.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, principal órgano deliberante de la ONU, se reunirá en un periodo especial de sesiones sobre las drogas el próximo mes de abril para debatir las prioridades sobre el control mundial de drogas, incluido el uso de la pena de muerte para los delitos de drogas.

“El periodo especial de sesiones que celebrará la Asamblea General de las Naciones Unidas el año que viene brindará a los Estados una oportunidad crucial de garantizar que las políticas de drogas tanto nacionales como internacionales cumplen el derecho internacional de los derechos humanos. Como primer paso hacia su abolición total, los Estados deben terminar de una vez por todas con el uso de la pena de muerte para los delitos de drogas”, apostilló Chiara Sangiorgio, experta de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte.