La asociación de jueces señala en un comunicado que el procedimiento penal necesita un nuevo código procesal que sustituya íntegramente a una legislación que en gran parte entró en vigor en el siglo XIX. Pese a ello, dicen, se siguen acordando “modificaciones puntuales, a golpe de oportunidad”.

A su entender, esta reforma se centra en determinadas cuestiones que interesan “especialmente al Gobierno”. Asi, explica JpD, se limitan los plazos de instrucción penal sin aportar más medios a los órganos judiciales, que ya están sobrecargados. “Cualquier persona que conozca nuestros juzgados sabe que será manifiestamente imposible el cumplimiento de dichos plazos, lo cual dará lugar al cierre en falso de las instrucciones o, en su caso, a dificultades para la aportación de elementos probatorios para la vista oral”.

Esta circunstancia es “especialmente preocupante” en los procedimientos por corrupción, pues facilitará la impunidad en numerosos casos. Además, es llamativo que las posibles prórrogas de dichos plazos no las pueda acordar de oficio el órgano judicial instructor, sino únicamente a petición del Ministerio Fiscal, “lo cual demuestra una preocupante desconfianza del Gobierno en la independencia de la judicatura”.

JpD destaca como positivo que en las detenciones se velará por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de las personas detenidas, por contraposición a detenciones realizadas en los últimos años “en términos de exhibición pública que resultan contrarios a la presunción de inocencia”. Sin embargo, indica que podía haberse aprovechado la modificación de estos preceptos para llevar a cabo una regulación más garantista de la figura de la detención.

Siguen sin estar regulados claramente los derechos de las personas detenidas, todo lo cual supone el mantenimiento de demasiados espacios de ambigüedad en situaciones que afectan a la libertad individual y se mantienen supuestos de incomunicación que no resultan justificados, pues suponen una vulneración de garantías básicas, limitan desproporcionadamente el derecho de defensa y pueden amparar todo tipo de abusos.

En conjunto, concluye JpD, “se trata de un nuevo parche precipitado a una legislación procesal penal que resulta sistemáticamente insostenible” y que es “una iniciativa que se aprueba por meras razones de oportunidad política”.

Desde Jueces para la Democracia lamentan “especialmente la impunidad que se puede generar con la limitación de los plazos de instrucción y la previsible atribución de responsabilidad desde el poder político a quienes integramos el poder judicial por no poder resolver los procedimientos en los plazos marcados”.