En la presentación de este estudio, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, denunció que estos datos demuestran que “la recuperación económica se caracteriza por el aumento de la precariedad en el empleo”.

Además, consideró que la reforma laboral aprobada en 2012 “ha disparado” el uso de este tipo de contratos, que actualmente triplican a los indefinidos.

Por ello, el sindicato ha pedido al Gobierno que cree un grupo de trabajo para analizar este fenómeno que, según Ferrer, en muchas ocasiones “se corresponde con prácticas claramente enraizadas en el abuso y en el fraude”. De hecho, el responsable sindical afirmó que el Ejecutivo “ha manifestado interés en depurar este tema”.

Entre los aspectos a considerar, UGT quiere que la Seguridad Social verifique si se cumple la exigencia de que estos contratos tengan una sobrecotización del 36%, algo que fue cuestionado en una circular de la Tesorería de este organismo de 2010, por lo que ha pedido un informe al Ejecutivo.

Además, quiere que la Inspección de Trabajo ponga el foco en el control de las empresas que puedan estar utilizando esos contratos de forma reiterada, ya que la legislación exime de la obligación de que estén por escrito al ser de menos de 28 días, para llevar a cabo una rotación de sus trabajadores, y reclama que se incrementen las sanciones.

En esta línea, UGT aboga por la implantación de una limitación al encadenamiento de este tipo de contratos como la existente para los temporales de mayor duración, que no permite mantener una relación laboral superior a 24 meses en los últimos dos años y medio.

“Ni el Gobierno ni los empresarios pueden defender este tipo de prácticas negativas para el sistema público”, añadió Ferrer, quien concluyó que “no benefician a nadie porque si alguien cree que va a competir utilizando estas prácticas, tiene que saber que no es posible”.