A juicio del Cermi, “se trataría de dar presencia creciente en la vida política a un grupo de población que actualmente alcanza más del 10 % de la ciudadanía de nuestro país”.

En su opinión, solamente con actuaciones como esta se logrará el avance en el reconocimiento de derechos de ciudadanía de las mujeres y hombres con discapacidad, dando un paso más hacia su plena inclusión social, al permitirles ser partícipes en la vida política e institucional.

“La presencia de las personas con discapacidad en la escena política aporta visibilidad a la diversidad social y constituye un elemento valioso de una sociedad abierta y plural”, añade el Cermi.

Por otra parte, el Comité exige a los partidos y coaliciones políticas que tengan “muy presente” el necesario enfoque inclusivo que debe presidir el proceso electoral, y en ese sentido, adopten medidas de accesibilidad universal, eliminando las barreras arquitectónicas, audiovisuales y cognitivas de todos los materiales de la campaña, incluidos los programas electorales, que habrán de proporcionarse en lectura fácil, mítines y otros actos electorales, emisiones publicitarias, canales digitales (páginas de Internet y redes sociales) y todo tipo de medios de comunicación que empleen en el proceso electoral.

“Todo ello”, señala el Cermi, “dirigido a que cualquier persona, con los apoyos pertinentes, pueda tener acceso a esta información y ejercer así libremente su derecho al sufragio universal”. En este sentido, recuerda que el Estado español viene obligado en virtud de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a garantizar la accesibilidad de los procesos electorales y la participación de las personas con discapacidad en la vida política, “mandato que los partidos han de hacer suyo y cumplir”.