Además, según informa la Dirección General de la Policía en nota de prensa, los mecánicos de estos talleres reprogramaban el ‘software’ de estos automóviles para “burlar los controles en las ITV”.

Los talleres implicados cobraban entre 100 y 200 euros por cada coche modificado, lo que supone una considerable rebaja frente a los cerca de 1.200 euros que cuesta sustituir el filtro anti partículas.

Sin embargo, la retirada de estos filtros supone que todos los elementos nocivos procedentes de la combustión de los motores son emitidos libremente por el tubo de escape, lo que ocasiona “un grave perjuicio para el medio ambiente”.

La Policía apunta que los investigadores han obtenido datos de más de 80 talleres en toda España que podrían estar llevando a cabo este tipo de actividades, por lo que la operación continúa abierta.