Iglesias Zurita fue detenido en pasado junio de 2011 en Santiago de Compostela a petición de Interpol, tras ser acusado en Venezuela de la muerte de su novia, a la que habría quitado la vida al quemarla viva en 2009 en la localidad venezolana de El Tigre. El condenado es de origen gallego, aunque nació en Venezuela y tiene doble nacionalidad.

La víctima acababa de concluir los estudios de ingeniería industrial y trabajaba como secretaria en la empresa de ventas de automóviles del padre del acusado. Fueron novios durante cinco años pero ella había decidido cortar la relación, harta de los malos tratos de que era objeto, según el relato de las acusaciones pública y privada.

En la madrugada del 29 de junio de 2009 la pareja se había citado en el apartamento que tenía alquilado Bárbara en la localidad de El Tigre, estado de Azoátegui. Ella había decidido poner fin a la relación. En ese momento comenzó una fuerte discusión entre los dos en el transcurso de la cual, dice el relato de los hechos probados, “el acusado la golpeó repetidamente, la estampó contra la pared, la colocó boca arriba sobre la cama, la roció con gasolina y la prendió fuego por lo que ardió inmediatamente el cuerpo desnudo de la víctima”.

Entonces Alejandro trasladó el cuerpo de Bárbara en su vehículo a una clínica de la localidad. Al vigilante le dijo inicialmente que no la conocía. Pretendió escabullirse pero sus evasivas y contradicciones a las preguntas de los médicos, hicieron que los hechos se pusieran en conocimiento de la policía.

Por “causas no esclarecidas” y bajo la sospecha de intervención de su padre, un empresario solvente, el condenado acabó siendo liberado y de inmediato abandonó el país a través de Brasil y fue a refugiarse en la casa de sus abuelos en Serra de Outes.

Los golpes recibidos ocasionaron a Bárbara un edema cerebral severo lo que, junto con las quemaduras producidas en la parte delantera y en la parte genital acabaron con su vida en el Hospital Militar de Caracas “tras varios días de agonía e inmensos dolores”, según relata el informe médico forense.

Iglesias fue detenido dos años más tarde en un control rutinario de carretera cuando le pidieron la documentación y constataron que había una orden internacional de detención de Interpol contra él.

España rechazó extraditarlo a Venezuela, pero la familia de Bárbara ejerció la acusación particular en España gracias a que el abogado Gonzalo Boyé les representó de forma desinteresada. Ahora, la Audiencia condena al Iglesias a 23 años de prisión con el agravante de parentesco, a un año y medio más por malos tratos continuados, al pago de 300.000 euros de indemnización y a no acercarse a menos de 500 metros del domicilio o el trabajo de sus allegados.