Desde el Consejo recordaron que las “estafas tienen relevancia penal, ya que interviene el engaño y el desplazamiento patrimonial, y suelen suponer un grave perjuicio económico para las personas que las sufren”.

En el caso de la compraventa de vivienda nueva, explican que una parte “importante” de las estafas se produce al comprar sobre plano y entregar cantidades a cuenta, que pueden no ser recuperadas si la promoción inmobiliaria no sale adelante.

En este caso, indican que es “necesario” asegurarse de la titularidad del solar donde se va a construir y de las cargas que tiene. “Lo más importante es tener la certeza de que la cantidad que se entrega a cuenta está garantizada, ya que la normativa exige que este dinero se ingrese en una cuenta bancaria específica avalada, que posteriormente debe ser devuelta con intereses si no se realiza la construcción”, afirmó el presidente del Consejo General, Diego Galiano.

En el caso de las compras de viviendas de segunda mano, la organización apunta que el consumidor “debe tomar precauciones” en la fase prenotarial, en la negociación y en el acuerdo de voluntades.

Hay que evitar entregar cantidades a cuenta sin tener seguridad sobre la titularidad de la vivienda. Por ejemplo, puede darse el caso de que un piso tenga varios propietarios y que no todos quieran vender, pero se haya abonado reserva o dinero a cuenta a uno de ellos, “lo que puede frustrar la operación”.

También recuerdan que es “muy importante” asegurarse de que no pesan cargas ocultas sobre la vivienda, como hipotecas o embargos que puedan suponer una sorpresa desagradable para el nuevo propietario.

En cuanto al alquiler, el Consejo subraya las estafas son más frecuentes cuando se realizan a distancia o a través de Internet. “Es muy importante que se tomen cautelas, como comprobar la existencia real del inmueble, que está disponible para el alquiler y no ocupado, y su estado real”, indica Galiano.

Además, destaca que el consumidor ha de realizar la operación “con todas las formalidades necesarias, ya que siguen dándose casos de contratos verbales o suscritos en un papel cualquiera que no ofrecen ninguna seguridad jurídica”.

Por último, los agentes de la propiedad advierten de que hay que tener clara la diferencia entre una estafa, que es un delito con relevancia penal que puede denunciarse ante la Policía; y un incumplimiento civil, como puede ser el incumplimiento de una fecha acordada en un contrato de compraventa.