La Sala dice en su comunicado que las decisiones relativas a la instrucción las toma “autónomamente el magistrado instructor, teniendo en cuenta el calendario previo de señalamientos de la Sala, así como también los posibles conflictos de fechas que afecten a las personas citadas y sus abogados y las disponibilidades logísticas de su Secretaría”.

Señala, asimismo, que una vez admitida una querella, la declaración del querellado “es obligada” según lo dispuesto en el artículo 486 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “sin que la situación procesal de los querellados en la causa cambie” y quedando protegidos por el criterio de “presunción de inocencia” que se garantiza en el artículo 24.2 de la Constitución.

De esta afirmación se desprende que los tres citados no tendrán la condición de imputados, si así lo decide la Sala, hasta después de prestar declaración, aunque a la cita con el juez acudirán acompañados de sus abogados, una condición reservada a los imputados.

Aunque el tribunal no desconoce “la trascendencia política que pueda tener esta causa”, tanto el magistrado instructor como la Sala Civil y Penal “han actuado y lo seguirán haciendo con criterios estrictamente jurídicos, con independencia de las diferentes situaciones políticas que puedan ir sucediendo”.

En consecuencia, dice el comunicado, “intentar deslegitimar, por conveniencias políticas o partidistas, al Poder Judicial y los magistrados que lo integran con el propósito de condicionar o censurar sus decisiones, no es propio de países que se consideran democráticamente avanzados”.

La Sala concluye que a la vista de los juicios de intenciones interesados que se están haciendo públicamente sobre sus actuaciones judiciales está decidida a seguir “cumpliendo con sus funciones en la forma sosegada e independiente tal y como se viene haciendo”.