En un informe de 59 páginas, AI señala que los principales comerciantes de este país han comprado diamantes por valor de varios millones de dólares sin investigar adecuadamente si con ello están financiando a grupos armados responsables de ejecuciones sumarias, violaciones sexuales, desapariciones forzadas y saqueos generalizados.

Además, documenta varios abusos más en el sector de los diamantes, como el trabajo infantil y el fraude fiscal, y señala que las empresas podrían empezar en breve a exportar los diamantes acumulados durante el conflicto en curso, en el que han muerto 5.000 personas.

Amnistía Internacional destaca que la prohibición de las exportaciones impuesta desde mayo de 2013 se levantará parcialmente cuando el Gobierno cumpla las condiciones expuestas el pasado mes de julio por el Proceso de Kimberley, responsable de impedir el comercio internacional de diamantes ensangrentados. Antes del conflicto, los diamantes suponían la mitad de las exportaciones del país.

“El Gobierno debería confiscar los diamantes ensangrentados, venderlos y utilizar el dinero para beneficio público. La población de la República Centroafricana tiene derecho a beneficiarse de sus propios recursos naturales. El país, en su intento de reconstruirse, necesita que sus diamantes sean una bendición, no una maldición”, señala AI.

Basándose en entrevistas con mineros y comerciantes, el informe expone con detalle de qué manera los grupos armados, es decir, los ‘antibalaka’ (cristianos o animistas) y los ‘seleka’ (predominantemente musulmanes) se benefician del comercio de diamantes controlando los emplazamientos mineros y cobrando, mediante extorsiones, "impuestos" o dinero de "protección" a mineros y comerciantes. También documenta el vacío existente en cuanto a las inspecciones en los centros de comercio de diamantes, que permite el comercio y la venta mundial de diamantes ensangrentados.

CUMBRE DE LA INDUSTRIA JOYERA

Por otro lado, el estudio expone que existe un elevado riesgo de que el comprador que más diamantes ha adquirido en el país durante el conflicto (Sodiam), que ha acumulado un stock de diamantes de 60.000 quilates por valor de siete millones de dólares estadounidenses, haya comprado y siga comprando diamantes que han financiado a los ‘antibalaka’.

La ONU ya ha puesto en la lista negra al segundo mayor comprador de diamantes (Badica) y a su empresa asociada belga (Kardiam) por comprar y sacar de contrabando diamantes de las zonas controladas por los ‘seleka’ en el este de la República Centroafricana.

El pasado mes de mayo, un representante de Sodiam en Carnot (suroeste de la República Centroafricana) confirmó a Amnistía Internacional que la empresa había estado comprando diamantes en el oeste del país pese al conflicto, y que los guarda hasta que puedan ser exportados.

El informe documenta la considerable implicación de los ‘antibalaka’ en el comercio de diamantes del oeste de la República Centroafricana. Los comerciantes con los que Amnistía Internacional habló en esa zona estaban al tanto de la implicación de los ‘antibalaka’, pero ninguno parecía realizar un filtrado activo para excluir los diamantes que pudieran haber financiado al grupo armado. Uno de estos comerciantes, que dijo que era demasiado peligroso visitar los emplazamientos de las minas, mostró a AI recibos de ventas a Sodiam. Otros comerciantes que hicieron ventas a Sodiam realizaron admisiones similares ante la ONU.

El informe indica que Sodiam niega haber comprado siquiera diamantes de zonas en conflicto y que esta empresa dice que no compra diamantes de minas controladas por grupos rebeldes o a comerciantes de los que se sabe que están asociados con esos grupos, pero Amnistía Internacional pone en duda sus procesos de diligencia debida.

El informe, que examina varios países de la cadena de suministro de diamantes, desde la República Centroafricana hasta Bélgica, pasando por Emiratos Árabes Unidos, expone también los abusos contra los derechos humanos, el contrabando y la evasión de impuestos existentes a lo largo de toda la cadena.

Puesto que está previsto que el sector del diamante se reúna en la cumbre de la industria joyera en marzo de 2016 para hablar sobre la adquisición responsable, Amnistía instó a los gobiernos y a las empresas internacionales de diamantes, como De Beers y Signet, a apoyar una regulación más estricta del sector.