Según informó la Junta, el nuevo organismo, previsto en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, estará facultado para requerir a las administraciones la subsanación de incumplimientos, instar la apertura de procedimientos sancionadores, y resolver las reclamaciones que presenten los ciudadanos sobre acceso a la información pública.

La puesta en marcha del Consejo completará la organización que, de hecho, ya trabaja durante los últimos meses para poner a disposición de la ciudadanía la información relativa a la actividad pública de la Administración autonómica.

El Consejo tendrá una Dirección y una Comisión Consultiva. De la primera dependerán las áreas de Transparencia y de Protección de Datos, la Asesoría Jurídica, y la Secretaría General, mientras que la Comisión Consultiva de Transparencia y Protección de Datos se constituirá como el órgano de participación y asesoramiento en estas materias.

La Dirección, de carácter unipersonal y consideración de alto cargo con rango de viceconsejería, será designada por la cámara autonómica por mayoría absoluta de sus miembros. La persona elegida, por un periodo de cinco años no renovable, deberá ser un profesional de reconocido prestigio con una experiencia mínima de 15 años en materias relacionadas con la Administración pública. La Dirección nombrará a las personas responsables de las dos áreas y de la Asesoría Jurídica y de la Secretaría General, que deberán ser funcionarias de carrera tituladas superiores.

La Comisión Consultiva, órgano de participación y consulta, estará integrada por la persona titular de la Dirección del Consejo y 14 miembros: dos en representación de la Junta, un diputado del Parlamento andaluz, uno designado por la Oficina del Defensor del Pueblo, un consejero de la Cámara de Cuentas, un miembro de la asociación de municipios y provincias con mayor implantación, uno del Consejo Andaluz de Universidades, uno del Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, dos de los sindicatos, uno de la patronal y tres expertos en transparencia y protección de datos. El desempeño de las actividades de estos vocales no conllevará retribución.

Tras la entrada en vigor de este decreto, el consejero de la Presidencia y Administración Local llevará al Parlamento la propuesta de director que haga el Consejo de Gobierno. Una vez se produzca este nombramiento, las entidades a quienes corresponde proponer los miembros de la Comisión Consultiva tendrán un plazo de 20 días para remitir sus solicitudes. La Dirección remitirá su propuesta de Relación de Puestos de Trabajo para la aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno en un plazo máximo de seis meses desde su nombramiento.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ejercerá plenamente desde el principio las competencias en el primero de estos dos ámbitos. Para las de protección de datos se prevé un régimen de asunción gradual hasta su completo traspaso por parte de la agencia estatal que actualmente las desarrolla.