Según informó el Ejecutivo, la composición de este órgano estaba regulada hasta ahora por el decreto 1977/2008, de 28 de noviembre, que incluía expresamente a un representante de los Mossos d’Esquadra y otro de la Ertzaintza.

A partir de este momento se incluyen representantes de todas las policías autonómicas que puedan aportar información a la base de datos policial de ADN, así como un representante de la Fiscalía General del Estado, otro del Consejo General del Poder Judicial y posibles expertos autorizados por la Presidencia de la propia Comisión como la Agencia de Protección de Datos, abogados o genetistas.

Esta comisión, organismo colegiado adscrito al Ministerio de Justicia, tiene como funciones específicas la acreditación, coordinación y elaboración de protocolos oficiales. Además, se encarga de establecer las condiciones de seguridad de los laboratorios facultados para contrastar perfiles genéticos en la investigación y persecución de delitos y la identificación de cadáveres.

Este órgano rector del uso forense del ADN podrá también, con autorización de su presidente, solicitar el asesoramiento del personal adscrito a los distintos laboratorios de análisis del ADN con fines de investigación criminal o de identificación de desaparecidos.