Así se expresó la ministra minutos antes de que se suscribiera dicho acuerdo en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, convenio que no fue firmado finalmente ni por la Coordinadora de Organizaciones de agricultores y Ganaderos (COAG) ni por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Tejerina, tras agradecer el apoyo de todos los firmantes y recordar algunas de las medidas tomadas por su departamento durante la actual legislatura en favor del sector, destacó que dicho acuerdo tendrá “una enorme trascendencia para el futuro del sector lácteo español”.

A este respecto, recordó su compromiso con que “el sector lácteo español tendría todo el respaldo” y que este se iba a materializar al implementar “todas las medidas legales que contribuyeran a mejorar su situación”.

Además, señaló que el Gobierno tiene previsto aprobar este viernes un real decreto por el que se regulará la concesión de 10.000 euros por explotación a aquellas que no cubren sus costes, con lo que las distintas ayudas aprobadas por España y las instituciones europeas rondan los 300 millones de euros.

COAG y UPA, que aún mantienen abierta la posibilidad de sumarse al acuerdo, consideran que, de momento, es una "mera declaración de intenciones", por lo que reclaman un acuerdo que impulse unos precios al ganadero por encima de los costes de producción y que incluya un régimen sancionador.

Desde Agricultura esperan que el acuerdo, tras el que se creará una Comisión de Seguimiento, sirva para solucionar esta crisis de precios, aunque supeditan la corrección de este decalaje a la capacidad organizativa que muestren de ahora en adelante las explotaciones.

DOCE MEDIDAS PARA EL SECTOR

El acuerdo para la sostenibilidad del sector lácteo recoge 12 medidas para la "estabilidad y sostenibilidad" del sector, como el compromiso de los distintos agentes de la cadena de valor para lograr unos precios "sostenibles y remuneradores" en cada tramo.

No obstante, el acuerdo no incluye un precio mínimo puesto que esto expondría a los ganaderos a tener que afrontar multas de las autoridades de competencia por fijación de precios al ser "contrario a la normativa de competencia comunitaria y española".

En cambio, si contempla el compromiso de las empresas de distribución alimentarias a valorizar la leche y los productos lácteos, estableciendo medidas concretas que impidan su uso como productos reclamo en sus establecimientos que banalicen los productos lácteos ante el consumidor.

También se comprometen a promover de manera efectiva modalidades de compra de leche líquida que permitan mantener el valor del producto en los primeros escalones de la cadena.

Para ayudar en esta tarea, la Interprofesional Láctea (Inlac) constituirá, a la mayor brevedad posible, un comité consultivo con las asociaciones de la distribución.

La distribución también tendrá que promover la identificación del origen de la leche y los productos lácteos para mejorar la información que se facilita al consumidor.

Por su parte, las industrias lácteas y la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) acuerdan aplicar en sus contratos, precios y volúmenes de compra que, en concordancia con la evolución del mercado, contribuyan a la sostenibilidad de las explotaciones y garanticen al productor la recogida, de acuerdo con la evolución de las ventas de la industria contratante.

Asimismo, compartirán con los ganaderos la revalorización que las industrias obtengan sobre los precios de cesión, como resultado de la revisión de las modalidades de contratación con la distribución.

En este sentido, promoverán, en el seno de la Inlac, un contrato-tipo de compraventa de leche con el objeto de mejorar la trasparencia en las relaciones entre ganaderos y sus primeros compradores.

Por último, las cooperativas y organizaciones agrarias se comprometen a promover de forma efectiva la constitución de organizaciones de productores que integren a ganaderos individuales y a los socios de las cooperativas de producción láctea.

El acuerdo entrará en vigor a los 10 días de su firma, siendo, por tanto, exigible desde ese momento a las partes el cumplimiento de los compromisos asumidos.