De este modo, la Cámara Baja validó con 31 votos a favor y una abstención, la del Grupo Parlamentario Catalán, el dictamen del proyecto de ley orgánica sobre privilegios e inmunidades de los Estados extranjeros, las organizaciones internacionales con sede u oficina en España y las conferencias y reuniones internacionales celebradas en España.

La ley concreta la posición frente a los tribunales españoles de terceros países, de las organizaciones internacionales con sede u oficina en España, de las conferencias y reuniones internacionales que se celebren en territorio nacional, de los jefes de Estado y de Gobierno, así como de los ministros de Asuntos Exteriores de otras nacionalidades.

También establece la inmunidad de los buques de guerra y los buques y aeronaves de Estado, así como de las Fuerzas Armadas pertenecientes a otro países que se encuentren en España o transiten por territorio nacional.

Durante el debate el diputado socialista Álex Sáez lamentó que la ley adolezca del consenso necesario, así como de la inclusión de un mecanismo que permita controlar la presencia de tropas internacionales en territorio nacional.

También reclamó la incorporación de los delitos de terrorismo y de corrupción en la exclusión de inmunidad, al tiempo que exigió la recuperación de la figura jurídica de la jurisdicción universal.

"OPORTUNIDAD PERDIDA"

A pesar de ello, reconoció que el Ejecutivo incorporó muchas de las aportaciones realizadas por el CGPJ y por el Consejo Fiscal, lo que “enriquecerá” el texto.

Por su parte, la diputada de UPyD Irene Lozano aseguró que esta ley rellena algunas “lagunas” y “carencias” dando “forma jurídica a todo aquello que se hacía por costumbre”, al tiempo que destacó que es “positivo” que España se dote de un código interno propio sobre la cuestión.

Lozano subrayó que la ley contribuirá a que España salga de su “ensimismamiento local” pudiendo ser sede de cumbres internacionales.

A su vez, el diputado del Grupo Parlamentario Catalán Feliu-Joan Guillaumes ha manifestado alguna discrepancia con el texto aprobado, ya que, a su juicio, “se ha dejado pasar una oportunidad” para desarrollar una ley “útil”, mientras que el representante de UPN Carlos Salvador apeló a la necesidad de alcanzar el máximo consenso posible.

Por último, el portavoz de Asuntos Exteriores del PP en el Congreso de los Diputados. José María Beneyto, celebró que la ley “colma una laguna del régimen jurídico español” al facilitar la labor de los jueces, al tiempo que aclaró que no concede nuevos privilegios sino que incorpora las previsiones de Naciones Unidas.