El partido magenta enmendará de esta manera la totalidad del texto presentado por el PP para reformar el carácter de esta institución, ya que considera que el partido gobernante “intenta suplir su falta de voluntad política para afrontar de cara el secesionismo catalán, haciendo que el Tribunal Constitucional tome las decisiones que el Gobierno no se atreve a tomar” y se convierta en un "órgano pseudopenal".

Es por ello que en este texto UPyD incluye unas “mejoras” para que puedan debatirse en próximos Plenos. Según explica en el citado texto la formación magenta, UPyD señala el proceso que hay que seguir cuando hay un incumplimiento, pero el proceso en sí mismo queda fuera de la potestad del TC.

El PP introduce el procedimiento y las sanciones en el TC, desnaturalizando esta institución, mientras que UPyD muestra el procedimiento que hay que seguir en caso de un incumplimiento, pero que, en todo caso, corresponde a la jurisdicción penal.

Otro de los cambios que propone UPyD es en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en concreto a la modificación de la disposición adicional segunda. “La parte más relevante del texto de UPyD se refiere a esta modificación, ya que crea la figura de la suspensión provisional de empleo o cargo público. Se trata de introducir una medida cautelar inédita en nuestro ordenamiento, y es de tal gravedad que, por lógica, sólo puede imponerla un juez penal y de forma excepcional. No puede imponerla el TC, que es lo que el PP incluye en su propuesta”, argumenta el partido.

UPyD recuerda al Ejecutivo que la Constitución encomienda al TC la función de ser su supremo intérprete mediante el ejercicio de su función jurisdiccional, limitada al ámbito constitucional. La Carta Magna, continúa, “encomienda a los tribunales penales la potestad sancionadora más grave, y siempre sustanciada en un procedimiento con todas las garantías; todo ello salvaguardando la necesidad de que las resoluciones de nuestro TC, especialmente en los casos de mayor relevancia, se cumplan con eficacia y rapidez”.