Esta decisión fue adoptada por los magistrados en Pleno, encabezados por la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. El Ejecutivo socialista decidió recurrir la ley gallega de cajas al considerar que algunos puntos invaden sus competencias o las del Banco de España.

En concreto, el Gobierno recurrió varios apartados de los artículos 2 y 3 de la Ley gallega así como su disposición transitoria primera.

Además de admitir a trámite el recurso y decretar la suspensión de estos artículos, el Tribunal Constitucional ha dado traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, a la Xunta de Galicia y al Parlamento gallego.

El objetivo de esta medida es que estas instituciones puedan, en el plazo de quince días, personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes.

La suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados tiene efectos desde la fecha de interposición del recurso -9 de febrero de 2010– para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para los terceros.