La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, anunció hace dos semanas que se había alcanzado un acuerdo, a falta de cerrar “algunos flecos”, entre la "mayoría" de losactores implicados para hacer frente a la crisis y que las medidas se traduciría en “mejores precios”.

Sin embargo, COAG y UPA, dos de las principales organizaciones, denunciaron que el texto es una “mera declaración de intenciones”, por lo que reclamaron un acuerdo que impulse unos precios al ganadero por encima de los costes de producción y que incluya un régimen sancionador.

La ministra subrayó que con el acuerdo los ganaderos “solamente ganan, no pierden”, por lo que dijo esperar que se pueda materializar el pacto entre todas las partes del sector. “Estoy segura de que el miércoles daremos este paso importante en beneficio del sector lácteo”, añadió.

Desde Agricultura esperan que el acuerdo, tras el que se creará una Comisión de Seguimiento, sirva para solucionar esta crisis de precios, aunque supeditan la corrección de este decalaje a la capacidad organizativa que muestren de ahora en adelante las explotaciones.

DOCE MEDIDAS PARA EL SECTOR

El borrador del acuerdo para la sostenibilidad del sector lácteo recoge 12 medidas para la “estabilidad y sostenibilidad” del sector, como el compromiso de los distintos agentes de la cadena de valor para lograr unos precios “sostenibles y remuneradores” en cada tramo.

No obstante, la ministra ya avanzó que el acuerdo no incluirá un precio mínimo puesto que expondría a los ganaderos a tener que afrontar multas de las autoridades de competencia por fijación de precios al ser “contrario a la normativa competencia comunitaria y española

En cambio, si contempla el compromiso de las empresas de distribución alimentarias a valorizar la leche y los productos lácteos, estableciendo medidas concretas que impidan su uso como productos reclamo en sus establecimientos que banalicen los productos lácteos ante el consumidor.

También a promover de manera efectiva modalidades de compra de leche líquida que permitan mantener el valor del producto en los primeros escalones de la cadena.

Para ayudar en esta tarea, la Interprofesional Láctea (Inlac) constituirá, a la mayor brevedad posible, un comité consultivo con las asociaciones de la distribución.

La distribución también tendrá que promover la identificación del origen de la leche y los productos lácteos para mejorar la información que se facilita al consumidor.

Por su parte, las industrias lácteas y la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) acuerdan aplicar en sus contratos, precios y volúmenes de compra que, en concordancia con la evolución del mercado, contribuyan a la sostenibilidad de las explotaciones y garanticen al productor la recogida, de acuerdo con la evolución de las ventas de la industria contratante.

Asimismo, compartirán con los ganaderos la revalorización que las industrias obtengan sobre los precios de cesión, como resultado de la revisión de las modalidades de contratación con la distribución.

En este sentido, promoverán, en el seno de la Inlac, un contrato-tipo de compraventa de leche con el objeto de mejorar la trasparencia en las relaciones entre ganaderos y sus primeros compradores.

Por su parte, las cooperativas y organizaciones agrarias se comprometen a promover de forma efectiva la constitución de organizaciones de productores que integren a ganaderos individuales y a los socios de las cooperativas de producción láctea.

El acuerdo entrará en vigor a los 10 días de su firma, siendo, por tanto, exigible desde ese momento a las partes el cumplimiento de loscompromisos asumidos.

300 MILLONES MOVILIZADOS

La titular de Agricultura destacado en los últimos días el esfuerzo “muy importante” del Gobierno para conseguir el “necesario, esperado y positivo” acuerdo para todos los operadores de la cadena y para que “todas las explotaciones reciban una inyección de dinero muy importante, especialmente aquellas con más dificultades”.

En total, García Tejerina cifró en “casi 300 millones de euros” las ayudas movilizadas por el Ejecutivo y la UE para el sector lácteo, que irán recibiendo “entre el mes de septiembre y parte importante de octubre”.

En concreto, el real decreto para explotaciones que no cubren los costes de producción, que contempla ayudas de 300 euros por vaca para cada explotación hasta un máximo de 10.000 euros, movilizará 20 millones “en tres semanas”, a los que se sumarán los 25,5 anunciados por la Comisión Europa que los ganaderos percibirán “lo antes posible”.

Además, a esto se añaden los 250 millones de la Política Agraria Común (PAC) y los 33 millones del anticipo de estas ayudas para este mismo año, y otros 11 millones que el Ejecutivo español destina al sector para financiar la constitución de organizaciones de productores y medidas de promoción, como un programa de consumo de leche en escuelas dotado con casi 7 millones.