Así la describió hoy la portavoz del Gobierno autonómico, Isabel Gil Rosiña, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que abordó este asunto, al estudiar un informe del consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles.

Este decreto ley, que se aprobará la semana que viene, incluirá garantizar unos mínimos vitales de electricidad y agua, la convocatoria permanente de solicitudes para recibir la renta mínima, la sanidad universal también para inmigrantes irregulares y las ayudas directas, o bien la entrega de una vivienda pública sin sorte, a las familias afectadas por una ejecución hipotecaria.

El Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara, según la portavoz, se ha encontrado “una región quebrada socialmente” y con un aumento significativo de hogares en situación de pobreza y riesgo de exclusión social, que cifró en 40 de cada 100, lo que supone un porcentaje superior en 10,6 puntos a la media del Estado.

Así, señaló Gil Rosiña, Extremadura cuenta con un total de 437.535 personas que padecen esta situación y, en lo que respecta a la pobreza infantil, la tasa de riesgo en Extremadura se situaría en un 46%.