El requerimiento, notificado el pasado 23 de julio, constituye un paso previo que busca evitar la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el caso de que el Gobierno de Canarias no modifique o anule las citadas restricciones.

La CNMC está legitimada para impugnar los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo y las disposiciones de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados.

El decreto introduce una nueva regulación en las viviendas vacacionales en la comunidad autónoma de Canarias, que venían conformando la denominada oferta de alojamiento no reglado y carecían de regulación específica.

OBSTÁCULOS A LA COMPETENCIA

Tras analizar la norma, la CNMC constata “numerosos obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva en el mercado”.

En concreto, señala que excluyen del ámbito de aplicación del reglamento aquellas viviendas situadas en suelos, zonas y urbanizaciones turísticas, que, por su propia naturaleza, son zona habitual de localización de las viviendas vacacionales ofertadas antes de la entrada en vigor de la normativa.

De este modo, “se privilegia a los establecimientos turísticos tradicionalmente instalados, que tienden a concentrarse en esas zonas, sustrayéndoles de los beneficios de la competencia y en perjuicio de los usuarios”.

Asimismo, la norma exige innecesariamente al arrendador habitualidad en la actividad y finalidad vacacional al arrendatario.

Otro de los “obstáculos” consiste en la prohibición del alquiler por estancias o habitaciones, lo que considera “contrario al derecho del empresario de organizar su actividad y de los ciudadanos de disponer de sus bienes sin restricciones injustificadas”.

Además, se establece un “exhaustivo” catálogo de requisitos en cuanto a las dimensiones y equipamiento de las viviendas, que constituyen una” carga innecesaria” para los operadores que incrementa los costes y limita su libertad de organización.

A su vez, se sujeta el acceso a la actividad a un régimen de declaración responsable que “tiene características más propias de los regímenes de autorización administrativa, sin que se justifique en términos de necesidad y proporcionalidad tal intensidad de intervención administrativa con el consiguiente coste de recursos públicos”.

También se exige la exhibición, en el exterior de la vivienda, de una placa distintiva de la actividad y, en el interior de la misma, de un cartel que recoja teléfonos de asistencia en caso de emergencia y las prohibiciones contempladas en el Reglamento, en español y en inglés, al tiempo que se obliga también a la suscripción de un contrato escrito en español y en inglés.

COSTES “INJUSTIFICADOS”

“Todas estas medidas elevan injustificadamente los costes de entrada en el mercado, desalentando a algunos operadores que ya estaban participando en el mercado con nuevos modelos de prestación de servicio y a otros potenciales oferentes”, señala Competencia.

El organismo que preside José María Marín Quemada advierte de que se reduce así el número de competidores y los incentivos a que haya precios más eficientes y competitivos para los usuarios.

Asimismo, la reglamentación impugnada por la CNMC del acceso y ejercicio a esta actividad “obstaculiza las posibilidades de innovación por parte de los operadores, impidiendo que los consumidores, con distintos gustos, preferencias y capacidad de gasto, se beneficien de ofertas también diversas, basadas en distintas combinaciones de calidad y precio”.

La aprobación de esta normativa “restrictiva”, añade Competencia, se produce en un contexto mundial de innovación tecnológica en el sector del alojamiento con finalidad turística y no turística, que afecta tanto a los operadores ya instalados como a nuevos entrantes que prestan servicios de alojamiento a través de servicios 'on line' y de economía colaborativa.