La iniciativa la presentó Podemos y la apoyaron PSOE y Ciudadanos. El portavoz del partido que la propuso, José Manuel Sánchez, destacó que en la Comunidad de Madrid “hay muchísimas personas en situación de emergencia social, la pobreza energética sigue aumentando y es para ellos para quienes queremos trabajar”.

La diputada de Podemos Olga Abasolo, que defendió esta iniciativa, dijo que “según los últimos datos disponibles, en España, mientras que un 17% de los hogares (más de siete millones de personas) tenían un gasto desproporcionado de energía, el 9% de las viviendas (unos cuatro millones de personas) se declaraban incapaces de mantener sus viviendas a una temperatura adecuada en el invierno; una brecha que no ha hecho más que crecer, también en la Comunidad de Madrid”.

“Lo que esconden estos datos es la brecha cada vez más profunda de la desigualdad”, manifestó Abasolo, quien también criticó la postura de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que “presentó medidas contra la pobreza energética justo después de conocerse la iniciativa de Podemos”.

“Nos resulta sorprendente este interés por la pobreza energética por parte de un gobierno y de un partido político que no llevaba esta temática en su programa y que se han visto obligados a tomar medidas ante las iniciativas puestas en marcha por otros partidos políticos, como en el caso que nos ocupa”, concluyó.

El diputado del PP Enrique Núñez dijo que esta medida está incluida en el acuerdo de investidura con Ciudadanos, pero una enmienda presentada por el PSOE “nos lleva a no apoyarla”, ya que “no enriquece el texto y genera más desigualdad”.

La enmienda del PSOE plantea “poner en marcha todas las medidas necesarias para garantizar el acceso al suministro de agua, electricidad y gas a todos los hogares afectados por pobreza energética en la Comunidad de Madrid, con especial urgencia durante los próximos meses de otoño e invierno, evitando, por tanto, la suspensión de dichos suministros”.

Asimismo, los socialistas proponen “establecer un baremo relacionado con la renta y que sean los servicios sociales los que determinen la situación de pobreza energética en base a una serie de supuestos básicos previamente establecidos”.