La citada red, que agrupa a más de 300 entidades sociales, ONG, sociedades médicas y particulares, ofreció el dato en una rueda de prensa este jueves en Madrid, donde explicó que los 1.500 casos de damnificados incluyen situaciones de desatención sanitaria y otras de vulneración del decreto.

Sagrario Martín, presidenta de Médicos del Mundo España, dijo que los datos incluyen 31 casos de cáncer, 38 de enfermedades cardiovasculares, 62 de diabetes, 14 de enfermedades degenerativas musculares, 8 de otro tipo de enfermedades degenerativas y 28 casos potencialmente mortales, que son aquellos en los que la vida del sujeto corre peligro si no recibe el tratamiento adecuado.

En cuanto a los incumplimientos del propio decreto, que permite la atención sanitaria en el embarazo, parto y posparto, a los menores de edad y en urgencias, Martín afirmó que estas excepciones “se incumplen sistemáticamente”.

De esta forma, prosiguió, Reder ha documentado 109 casos de menores de edad a los que se denegó la asistencia sanitaria, 232 incidencias en urgencias, (que incluyen desde negación de atención a intentos de cobro) y 78 mujeres embarazadas que han visto vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas.

DESINFORMACIÓN

Otro punto de denuncia recogido en este informe, titulado ‘Radiografía de la reforma sanitaria. La universalidad de la exclusión’ y realizado entre enero de 2014 y julio de 2015, es el relativo a la “desinformación” percibida entre la población inmigrante.

En este sentido, el trabajo señala que un 12% de las consultas relacionadas con la atención sanitaria llegadas a la red eran de carácter informativo. A esta cifra hay que sumar un 22% de personas que no habían tramitado su tarjeta sanitaria porque desconocían tener ese derecho.

Además, hay otro 12% que corresponde a quienes se ha denegado la tarjeta sanitaria en su centro de salud porque la información que maneja el personal administrativo sobre el trámite y requisitos era errónea.

Por otra parte, tanto la representante de Médicos del Mundo, como María Fernández, vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), apuntaron que las diferentes fórmulas para ampliar las excepciones del decreto de 2012 impulsadas por algunas comunidades se han mostrado “insuficientes” y han supuesto “un incremento de la desigualdad del mapa sanitario”.

Tanto es así, argumentaron, que durante el periodo de la muestra (enero de 2014 a julio de 2015), al menos un 73% de los casos procedieron de comunidades donde existían programas o normativa autonómica creados ad hoc para dar cobertura a las personas excluidas por la reforma sanitaria.

DEROGACIÓN

Ante este panorama, la Red de Denuncia y Resistencia contra la reforma sanitaria considera que “la única solución es volver a la situación anterior” al decreto de 2012, que apoyaba la asistencia sanitaria sobre los pilares de la universalidad y gratuidad.

Y es que, explicaron desde la mencionada red, las promesas sobre la mejora en la atención sanitaria de los inmigrantes en situación irregular suponen “un paso hacia adelante, pero queremos más”, por lo que insistieron en reclamar que el decreto se derogue.

Porque, concluyeron, dar asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular tiene un coste de entre un 20 y un 30% menos que el de la población española de la misma edad.