En una declaración conjunta, los defensores dicen que no pueden "permanecer impasibles ante este atentado contra los derechos humanos de cientos de miles de personas", y por ello urgen al Gobierno central, las comunidades y los ayuntamientos a actuar "con la mayor de las urgencias".

Los emplazan a actuar conjuntamente en dar soluciones a estas personas, y a instar a las instituciones internacionales y europeas, así como a otros Estados, al desarrollo inmediato de medidas comunes.

La declaración expresa el "máximo reconocimiento hacia las múltiples iniciativas solidarias que se están llevando a cabo desde distintos sectores sociales" en España en favor de los refugiados.

También animan "a la sociedad en general y, en particular, a los colectivos empresariales y a aquellos que dispongan de mayores recursos, a que en la medida de la capacidad que ostenten, colaboren, de forma coordinada, en la atención de las ingentes y apremiantes necesidades que presentan estos colectivos ciudadanos, especialmente en los ámbitos habitacional, sanitario y alimentario".

Los defensores ponen sus instituciones al servicio de la defensa de los derechos que asisten a los refugiados y para garantizar su adecuada acogida, haciendo especial hincapié en los menores.