Así se expuso hoy en la primera jornada del juicio contra Elvira que se celebra en la Audiencia Provincial, y que juzga los hechos ocurridos en 2006 y 2007, cuando el Ayuntamiento de Peguerinos abrió cuatro expedientes disciplinarios a la secretaria e interventora municipal, Paloma Belchí, tres de los cuales caducaron, mientras que en el cuarto, dos fallos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declararon incompetente al alcalde para su apertura.

En su declaración, el alcalde defendió que los cuatro expedientes estaban “justificados” por la comisión de, a su juicio, faltas graves, y añadió que la incoación de expedientes la consultó con una de las técnicos municipales. También reconoció que no tiene relación con Belchí, que se reincorporó a su puesto en noviembre de 2008, y aseguró que todas las comunicaciones entre ambos se realizan "por escrito".

La técnico municipal que, según declaró el alcalde, era consultada a la hora de abrir los expedientes, Mónica Martínez, consideró "justas" las argumentaciones para la apertura de los cuatro expedientes a Paloma Belchí, si bien ha comentado que ella no era quien tomaba las decisiones sobre las sanciones o los procesos de prueba de estos expedientes..

La secretaria municipal, Paloma Belchí, señaló en su testimonio que el origen de sus problemas con el alcalde fue su informe desfavorable a una licencia de obra que Elvira solicitó para una explotación porcina durante la anterior legislatura, en la que él no formaba parte de la Corporación Municipal.

Desde entonces, indicó, la comunicación con el primer edil fue por escrito y no se permitía su acceso a los informes y expedientes, “y aseguró que incluso llegaron a amenazarla con que si no se marchaba la iban a expedientar.

En esa misma línea se ha expresado una auxiliar administrativa del Ayuntamiento de Peguerinos, María Jesús Herranz, quien ha asegurado que escuchó cómo el alcalde "amenazaba a Paloma Belchí con abrirle un expediente" y ha confirmado que se le negaba el acceso a la documentación municipal.