El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

El Pleno del Alton Tribunal acuerda también la suspensión automática de la vigencia y aplicación de la disposición y actuación impugnadas, decisión que es consecuencia de la invocación por parte del Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución.

Ese precepto establece que “el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas".

La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, "deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.